Tendrán prioridad sobre el resto. Las funcionarias, que no funcionarios, que puedan acreditar que han sido víctimas de violencia de género tendrán derecho preferente sobre el resto de docentes a la hora de pedir el traslado a un centro educativo de otra localidad española.
Las profesoras tendrán que cumplir los requisitos mínimos exigidos para el puesto, pero se situarán por delante de otros participantes en el concurso, aunque estos tengan más méritos académicos, de formación, de número de publicaciones o de antigüedad.
Así lo recoge una convocatoria de concurso de traslado de centro publicadas recientemente en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y dirigida a varios cuerpos de funcionarios: de enseñanza Secundaria, formación profesional, de idiomas y de artes plásticas, escénicas, música y diseño.
Esta medida es una de las que incluye el Plan de Protección Integral de la Violencia de Género, un documento acordado por el consejo de ministros el pasado año y que la Ley Orgánica de Educación (LOE) ha desarrollado mediante una disposición adicional.
Todas las funcionarias que quieran atenerse a este derecho de preferencia deberán presentar una copia de la orden de protección a favor de las víctimas. Aunque, excepcionalmente, servirá para acreditar esta situación el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta que se dicte la orden de protección.
Podrán beneficiarse de esta prerrogativa cuando soliciten expresamente el traslado a una plaza vacante existente en un centro educativo de cualquier localidad española.
Aquellas profesoras que todavía no hayan adquirido su primer destino definitivo en el ámbito de la Administración educativa en la que superaron el procedimiento selectivo, no podrán obtener un destino definitivo fuera del ámbito de esta. En este caso, aún ejerciendo el derecho preferente, participarán forzosamente en la convocatoria del BOA, para obtener así su primera ubicación definitiva.
En el caso de las maestras que pidan el traslado a otros centros públicos dependientes de ámbito de gestión de la comunidad autónoma aragonesa, la prioridad será "absoluta" sobre el resto, siempre que reúnan los requisitos generales de participación en el concurso.
El objetivo de esta iniciativa es que puedan estar debidamente protegidas y hagan efectivo su derecho a la asistencia social integral.
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