Las denuncias por violencia de género se han incrementado un 18% desde que, en enero de 2005, entró en vigor la ley integral para combatir estas agresiones. Según los datos aportados ayer por la secretaria de Igualdad, Soledad Murillo, el incremento de las denuncias va acompañado de un descenso más esperanzador: el del número de mujeres que se echan atrás en su acusación y retiran la denuncia. "Es importante que las víctimas no reparen la culpa ni den nuevas oportunidades", señaló Murillo.
El primer año de vigencia de la ley y los seis primeros meses de funcionamiento de los Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer dejan tres conclusiones en las que coincidieron los expertos reunidos desde ayer en Granada en el II Congreso Nacional sobre la Violencia Doméstica y de Género: que están sobrecargados de trabajo, que faltan recursos materiales y humanos y que la violencia sexista es una lacra "que está lejos de desaparecer", como afirmó el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando.
Pero aunque las cifras no llamen al optimismo, los congresistas de Granada (jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, representantes de las comunidades autónomas y miembros de instituciones penitenciarias) defendieron la puesta en marcha de la Ley Integral contra la Violencia de Género y los juzgados creados a su amparo. Los datos revelan que, desde que entró en vigor la ley, las denuncias han aumentado el 18%, pero, sobre todo, que ha que ha descendido el número de mujeres que retira la denuncia. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que organiza el congreso, Montserrat Comas, defendió la constitucionalidad del agravamiento penal para los hombres que establece la ley, uno de los apartados más polémicos de la norma y sobre el que se han presentado siete recursos de inconstitucionalidad. "Dado que el machismo es un problema social que crea desigualdad y es el origen de casi todas las acciones violentas en la pareja, deberíamos admitir que se castigue más intensamente esta conducta para establecer un plus de protección a las mujeres que lo sufren", señaló Comas.
Fuente El País
El primer año de vigencia de la ley y los seis primeros meses de funcionamiento de los Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer dejan tres conclusiones en las que coincidieron los expertos reunidos desde ayer en Granada en el II Congreso Nacional sobre la Violencia Doméstica y de Género: que están sobrecargados de trabajo, que faltan recursos materiales y humanos y que la violencia sexista es una lacra "que está lejos de desaparecer", como afirmó el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando.
Pero aunque las cifras no llamen al optimismo, los congresistas de Granada (jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, representantes de las comunidades autónomas y miembros de instituciones penitenciarias) defendieron la puesta en marcha de la Ley Integral contra la Violencia de Género y los juzgados creados a su amparo. Los datos revelan que, desde que entró en vigor la ley, las denuncias han aumentado el 18%, pero, sobre todo, que ha que ha descendido el número de mujeres que retira la denuncia. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que organiza el congreso, Montserrat Comas, defendió la constitucionalidad del agravamiento penal para los hombres que establece la ley, uno de los apartados más polémicos de la norma y sobre el que se han presentado siete recursos de inconstitucionalidad. "Dado que el machismo es un problema social que crea desigualdad y es el origen de casi todas las acciones violentas en la pareja, deberíamos admitir que se castigue más intensamente esta conducta para establecer un plus de protección a las mujeres que lo sufren", señaló Comas.
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