El Consejo de Ministros aprobó el viernes la siguiente Declaración Institucional con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género:
"La violencia de género es un fenómeno de enorme complejidad y de alcance global que amenaza los derechos, la libertad y la vida de las mujeres en todo el mundo. La otra cara del importantísimo avance que muchas sociedades, y desde luego la española, han experimentado en el camino de la igualdad entre hombres y mujeres.
Todas las Administraciones públicas españolas, las organizaciones sociales, la ciudadanía en su conjunto, se han implicado en la lucha contra este fenómeno.
La unanimidad en la votación que aprobó la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso mucho más que un simple acuerdo para fijar un articulado y afrontar la situación con las medidas que se recogían en él. La Ley dio luz verde a un gran consenso de todos los Poderes Públicos, que desde entonces han venido actuando firmemente contra uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales de las mujeres, como son la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación consagrada en nuestra Constitución.
La sociedad española ha reconocido así que la violencia sobre las mujeres es una consecuencia de los factores culturales que dan lugar a la desigualdad y es un problema que nos afecta a todos y no un problema individual ni privado.
La implicación directa de los poderes públicos se ha traducido en la implementación de múltiples medidas e iniciativas que han abordado las diferentes manifestaciones de la violencia de género. Desde la entrada en vigor de la Ley se ha avanzando mucho en la lucha contra la violencia de género y el Informe de valoración y evaluación de los tres años ha puesto de manifiesto los avances conseguidos en todos los campos, pero también dos hechos muy significativos: la necesidad de mejorar la coordinación entre los recursos existentes, y de hacerlo entre los diferentes territorios del Estado, así como la necesidad de completarlos y adaptarlos a la nueva realidad surgida de la dinámica y evolución social, circunstancia que a su vez ha llevado a una modificación de la propia violencia de género. De ahí la necesidad de intensificar la colaboración y cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
El Gobierno, desde el compromiso compartido fruto de la responsabilidad en la lucha contra la violencia de género, se dispone a seguir con el impulso y el refuerzo de todas aquellas medidas que en el marco de la Ley Integral permitan continuar el progresivo avance de la lucha contra la violencia de género.
En este sentido, el Gobierno viene trabajando desde hace meses con todas las Comunidades Autónomas y los agentes sociales implicados en el diseño de nuevas propuestas para conseguir una mayor eficacia en las medidas desplegadas al amparo de la Ley integral, manteniendo como referencia fundamental la cooperación en el abordaje de la violencia de género y en el desarrollo de las políticas dirigidas a su prevención y asistencia.
Y en una fecha tan señalada, como lo es la proximidad al Día Internacional para la eliminación de la violencia de género, queremos concretar este compromiso destacando tres campos de actuación básicos: por un lado, el de la prevención; por otro, el de la coordinación, y, en tercer lugar, el de la protección.
La prevención es más que la evitación de casos y situaciones, y busca modificar los factores que dan lugar a que estos puedan aparecer. Por ello es importante conocer la realidad que ha de ser abordada con las distintas propuestas y entender los cambios que se producen para adaptar los recursos a las nuevas situaciones. En este sentido, es fundamental actuar sobre las consecuencias de la violencia, que siempre van más allá del impacto del golpe, y actuar sobre los menores que viven expuestos a la violencia que se ejerce en el hogar donde conviven. Para ello ha de adoptarse una perspectiva global que conduzca a la valoración integral de la violencia de género en la que se incluya el estudio sistemático de los menores como parte de la valoración de los casos de violencia de género por medio de un Protocolo de valoración y actuación especializada con menores que viven en entornos familiares donde existe violencia género para ser desarrollado en colaboración con las Comunidades Autónomas.
También en el ámbito de la prevención están las actuaciones a desarrollar a través de la educación. Para ello el Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, van a promover Planes para la Convivencia en Igualdad en las comunidades educativas, proponiendo una “Red de Centros por la Convivencia” en la que puedan integrarse todos los centros educativos que pongan en marcha dichos planes, cuyo desarrollo les permitirá ser reconocidos con una distinción en la promoción de la igualdad.
Un tercer factor importante en las medidas preventivas es la necesidad de adaptar los recursos a las nuevas realidades. Dentro de la lucha contra la violencia de género una de las circunstancias que más se han modificado en estos últimos años ha sido el incremento relativo de casos en la población extranjera inmigrante. Concretamente, la población extranjera en España representa el 11,3 por 100 sobre el total de población residente en España. Sin embargo, la proporción de mujeres extranjeras inmigrantes en España víctimas de violencia de género, al igual que la proporción de agresores extranjeros suponen una sobre-representación respecto al peso demográfico de mujeres y hombres extranjeros en España.
Para abordar las circunstancias específicas en estos casos el Gobierno se dispone a aprobar un Plan de atención y prevención de la violencia de género en población extranjera inmigrante, que se desarrollará con la cooperación de todas las Comunidades Autónomas, y cuyos cinco ejes inciden en la información, formación, sensibilización, atención y en las reformas estructurales que mejoren el desarrollo de los cuatro ejes anteriores.
La prevención, para ser eficaz, ha de verse acompañada de una coordinación que permita integrar todos los recursos y hacerlo con continuidad, de manera que la respuesta institucional no produzca victimización en las mujeres que han sufrido la violencia. Para ello se creará una plataforma digital para la coordinación y seguimiento de los casos de violencia de género, a partir de los recursos ya existentes a tal efecto, especialmente el elaborado por el Ministerio del Interior.
La protección es una parte esencial del contexto de seguridad que debemos garantizar a las mujeres, por lo que las medidas que conllevan el control del agresor se presentan con el doble componente de limitar las conductas violentas del agresor y de generar confianza en la mujer. Para ello el Gobierno pondrá a disposición de los órganos judiciales sistemas de localización y seguimiento telemático de los agresores, como recurso complementario para incrementar la seguridad y protección de las mujeres.
Finalmente, hay que insistir en la formación especializada de todos los profesionales que han de intervenir en cada una de las fases del proceso que conlleva la actuación sobre los casos de violencia de género, así como en la necesidad de implicar de manera activa a la sociedad en la crítica a todo el cortejo que supone la violencia, no sólo en el rechazo a la agresión. Para ello el Gobierno a través del Ministerio de Igualdad va a poner en marcha en 2009 una nueva campaña de sensibilización sobre la violencia de género en los medios de comunicación, con el objetivo fundamental de aumentar la concienciación de la sociedad sobre este grave problema social y contribuir a un clima de rechazo social generalizado hacia este tipo de comportamientos violentos."
Prevención, concienciación, cooperación y seguridad deben ser las referencias que nos obliguen a seguir actuando con el objetivo de avanzar como sociedad democrática, hasta alcanzar un modelo de convivencia que abandone para siempre el maltrato y la violencia.
