El Parlamento Europeo ha dado hoy el último paso para aprobar la Orden de Protección Europea contra la violencia. La nueva directiva permitirá a las víctimas de la violencia de género así como a cualquier otra persona con una orden de alejamiento o de protección a nivel nacional pedir una orden de protección europea para que el país en el que se encuentre adopte las medidas de protección equivalentes según su legislación.
La norma es un primer paso en la protección de las víctimas de violencia de género en Europa, una de las iniciativas que el desaparecido ministerio de igualdad de Bibiana Aído propuso aprovechando la presidencia española de la Unión Europea en 2010. Sin embargo, la propuesta inicial planteada por el Ministro Francisco Camaño chocó con la Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, que la frenó tras calificarla de “chapuza” por no contemplar las diferentes legislaciones entre países. El principal problema radicaba en que en algunos países se juzga la violencia de género en base al derecho penal, como en España, mientras que en otros se trata de un asunto civil o administrativo. La solución, acordada a finales de setiembre, incluía ampliar la protección a todo tipo de violencia y no sólo a la de género, así como que las ordenes de protección europeas se aplicaran en cada estado en base a sus propias leyes.
La eurodiputada del grupo socialista Carmen Romero, que ha sido una de las ponentes de la directiva en el Parlamento, ha afirmado que espera que la directiva se trasponga con prontitud pero ha dado prioridad a que las mujeres denuncien, que pierdan el miedo para que puedan ser protegidas.
Teresa Jiménez-Becerril, eurodiputada popular corresponsable de la ponencia con Carmen Romero ha explicado que, pese a que las mujeres víctimas de violencia de género serán las principales beneficiadas de la nueva directiva, hay muchos otros colectivos que sufren persecución y que se verán beneficiados como las víctimas de terrorismo o los inmigrantes.
La directiva deberá ser incorporada por cada país miembro a su legislación antes de tres años. Los estados ya dieron su visto bueno, aunque Irlanda ha decidido mantenerse al margen y no implementar la norma. Dinamarca tampoco se verá afectada por la norma. Serán los únicos países donde no se podrán trasladar las órdenes de protección, ya que Reino Unido -también con derecho a no participar- ha decidido hacerlo.
Fuente El País
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