Las goteras de los juzgados del maltrato

Faltan oficinas de atención a las víctimas, equipos psicosociales, médicos forenses y fiscales exclusivos, unidades de valoración del riesgo, una mejor coordinación con los servicios sociales, puntos de encuentro familiar, dependencias reservadas para las víctimas y formación en violencia de género para los jueces y secretarios judiciales. Cuando se iban a cumplir tres años de la puesta en marcha de los juzgados de violencia sobre la mujer en España, el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzó a elaborar un informe que ha detectado graves carencias personales y materiales en los órganos judiciales encargados de proteger a las mujeres maltratadas. Un ejemplo: de los 405 juzgados que han colaborado en el informe, sólo 39 (apenas el 9,63%) tenía brazaletes o pulseras electrónicas en su partido judicial para proteger a las víctimas y detectar si el agresor rompe la orden de alejamiento y está cerca de la mujer.

En mayo de 2008 se remitieron encuestas a los 458 juzgados de violencia sobre la mujer existentes en España para conocer su situación. Un 88,4% de los jueces -de 405 juzgados- participaron en el estudio, en el que quedan claras las enormes diferencias que existen entre los juzgados exclusivos -83 en total cuando se hizo la encuesta- y los compatibles -la mayoría, 375-, que aparte de los asuntos de violencia sobre la mujer se ocupan de otros temas civiles y penales. Estos últimos, aparte de estar más saturados, carecen de los importantes recursos que poco a poco se han ido poniendo en marcha en los órganos exclusivos y especializados en violencia de género. Estos son los resultados que ha arrojado el informe, concluido el año pasado y que hace público ahora el Observatorio de violencia de género del CGPJ.

- Oficinas de atención a las víctimas. Sólo el 40% de los juzgados las tienen dentro de su partido judicial, pero hay una gran diferencia entre los juzgados exclusivos (el 89% tienen estas oficinas) y los compatibles (30%).

- Equipos psicosociales. Están formados por psicólogos y trabajadores sociales. Son los encargados de hacer informes que ayudan al juzgado a evaluar la situación dentro del ámbito familiar. Menos de dos terceras partes de los juzgados (el 63%) tienen equipos en la provincia y sólo el 21% dispone de ellos en el partido judicial. Una vez más, los juzgados compatibles salen mucho peor parados que los exclusivos: sólo tienen equipos psicosociales en el partido judicial el 11% de estos órganos frente al 68% de los exclusivos.

- Médico forense. Es una figura esencial para atender a víctima y agresor y emitir informes que ayuden al juez a tomar una decisión. Pues bien, sólo un 9,8% de los juzgados tienen forense en exclusiva y más de la mitad lo comparte con otros partidos judiciales. De nuevo, distancia entre juzgados exclusivos y compatibles: los primeros tienen un forense propio en un 33% de los casos, algo que sólo ocurre en el 4,5% de los segundos.

- Ministerio fiscal. Sólo hay un fiscal que se dedique en exclusiva al juzgado en el 21% de los órganos -en el 76% de los exclusivos y en el 9% de los compatibles-. Un tercio de los juzgados lo comparte con otros del mismo partido y más de la mitad, incluso con otros partidos judiciales.

- Unidades de Valoración Forense Integral. Son básicas en el proceso y para que el juez pueda decidir la mejor forma de proteger a una víctima. Las denuncias de las mujeres van aumentando y los recursos siguen siendo limitados, así que es muy importante que se valore el riesgo concreto que sufre cada una de ellas y que se logre detectar si su vida o integridad física están en peligro. A pesar de la importancia de estas unidades, sólo el 11% de los juzgados las tiene dentro de su partido y casi la mitad (el 47%) no dispone de ellas ni siquiera en la provincia. Además, no sólo hay problemas de cantidad, también de calidad de la asistencia (por problemas de falta de plantilla). Estas unidades deberían examinar a las víctimas, a los agresores y a los menores de edad, pero cuando trabajan para un juzgado compatible, los informes que emiten tardan más, son mucho menos completos y en un amplio porcentaje no se analiza a todos los miembros de la familia.

- Asistencia jurídica a la mujer. El 39% de los juzgados comparte el turno de asistencia letrada a las víctimas con otros partidos judiciales, lo que hace muy difícil que las mujeres reciban una atención rápida y efectiva.

- Coordinación con los servicios sociales y asistenciales. Menos de la mitad de los juzgados consultados dice tener una buena coordinación con estos servicios, esenciales para ayudar a la mujer maltratada. La relación con Policía y Guardia Civil, sin embargo, es aparentemente más fluida: el 80% de los jueces aseguran que hay una buena coordinación.

- Puntos de encuentro familiar. Sólo un tercio de los juzgados tiene este tipo de centros dentro del partido judicial, que se usan para ayudar a que se cumpla el régimen de visitas de los niños sin que la madre tenga que ver a su agresor.

- Dependencias para víctimas. La existencia de estas dependencias está prevista en la Ley de Violencia de Género, para proteger a la mujer y que no tenga que encontrarse con su agresor en el juzgado. A pesar de la previsión legal, dos tercios de los órganos judiciales no las tienen.

- Instalaciones para videoconferencias. Son importantes como medida de seguridad hacia las víctimas; para que puedan declarar fuera del juzgado. El 42% de los juzgados no las tienen.

- Plantilla. Casi tres cuartas partes de los juzgados, sobre todo los compatibles, consideran la plantilla con la que cuentan inadecuada.

- Formación. Más de la mitad de los jueces no ha recibido ninguna formación en materia de violencia de género.

- Juzgados compatibles. Si sólo se tuvieran en cuenta los resultados de estos órganos, que son los mayoritarios, el 82% del total, los resultados de esta encuesta serían aún más demoledores: sólo el 30% tiene oficinas de atención a la víctima dentro del partido judicial; apenas el 21% tiene equipos psicosociales; sólo el 4,5% dispone de un médico forense exclusivo y el 62% lo comparte incluso con juzgados de otros partidos; el 65% también comparte al fiscal con otros partidos judiciales; sólo el 4,8% tiene unidades de valoración del riesgo dentro del partido judicial; apenas 17 de 375 tienen brazaletes o pulseras electrónicas.

Fuente El País