Esta Ley adjudica a las mujeres víctimas de violencia el acceso al ingreso aragonés de inserción, siempre que lo necesiten. Se abonará una vez transcurridos 45 días desde la solicitud, que se formulará en los servicios sociales de la Comunidad. Además, los Consejos Comarcales, con algunas competencias transferidas, deberán prestar ayuda económica en los casos de urgente necesidad.
Los hijos de las mujeres maltratadas que hayan denunciado su situación se beneficiarán de medidas de escolarización, con los servicios que ello implica. Asimismo, el Gobierno autónomo podrá establecer otras ayudas económicas a favor de las mujeres víctimas de violencia.
Otras medidas de inserción serán el apoyo a estas personas para que accedan a viviendas de protección oficial y la creación de una línea de subvenciones a empresas, cooperativas, sociedades laborales y cualquier entidad que contrate a mujeres víctimas de violencia, y también a ellas mismas si deciden trabajar como autónomas. Las mujeres víctimas de violencia serán incluidas, con carácter preferente, en los programas de inserción laboral.
El Gobierno de Aragón ejercerá la acción popular en los casos más graves de violencia contra la mujer, si la víctima lo solicita, o cuando la mujer haya sido asesinada.
Esta Ley entiende por violencia contra la mujer todo acto o agresión contra mujeres, motivado por la pertenencia a este género que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico o psíquico, así como las agresiones a su libertad o la privación ilegal de libertad, y que se realicen al amparo de una situación de debilidad, dependencia, proximidad física, psíquica, familiar, laboral o económica de la víctima frente al agresor.
La Ley detalla varias formas de violencia contra la mujer, como los malos tratos físicos; psíquicos; sexuales; las agresiones y abusos sexuales; el acoso sexual; el tráfico de mujeres o la utilización de la mujer con fines de explotación sexual; la mutilación genital femenina; la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de la mujer; el maltrato económico, es decir, la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos para el bienestar físico o psicológico de la víctima.
Además de promover la realización de estudios y acciones de sensibilización, la Ley establece una nueva regulación autonómica de las casas de acogida, medidas de apoyo a los hijos de las mujeres víctimas de violencia y garantiza la asistencia letrada gratuita con un servicio permanente.
Sobre la Ley, la socialista María Angeles Ortiz indicó que es "lamentablemente necesario" continuar regulando la materia "dada la desigualdad que todavía existe entre hombres y mujeres" y comentó que "una ley no erradica la violencia de género, pero sí contribuye a hacer frente a este horror".
La popular Rosa Plantagenet subrayó que el PP lleva "largo tiempo" luchando contra esta "realidad trágica que habla de decenas de muertes" y señaló que "la sociedad está empezando a cambiar" y, de hecho, "las mujeres están cambiando la resignación por el ejercicio de sus derechos".
La nacionalista Yolanda Echeverría aplaudió la nueva normativa y pidió que el observatorio contra la violencia de género incluya la representación del movimiento asociativo de mujeres. Echeverría resaltó la importancia de la formación y la inserción laboral de la mujer para erradicar la violencia de género.
La regionalista María Herrero dijo que la nueva ley es "buena" porque "aborda desde una perspectiva integral la situación que pueden sufrir muchas mujeres por el hecho de ser mujeres", tras lo que recordó que no sólo esta violencia no sólo se produce en el ámbito doméstico, sino también en la esfera laboral, docente y social.
Por último, el diputado de IU, Adolfo Barrena, dio la "bienvenida" a la nueva ley, pero insistió en que es "necesario el compromiso público" para "erradicar el sexismo de la sociedad".
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