viernes, abril 08, 2011

¿Violencia de qué?

Quizá nunca se había ido tan lejos al justificar un asesinato machista en los medios de comunicación. Y eso, en un país tan sensibilizado como España en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres: cuesta en torno a 70 vidas y genera más de 134.000 denuncias al año. La publicación, ayer en el periódico El Mundo, del artículo Un chico normal, comprensivo con la actuación del joven de 21 años -a quien la prensa llamó "el monstruo de la webcam"- que el miércoles mató a su novia embarazada de 19 cuando ella le comunicó la ruptura, ha levantado una polvareda que agita lo que las alfombras a veces tapan: el machismo sigue ahí, en ocasiones revestido con argumentos más presentables, a veces con toda su crudeza. Salta con cierta frecuencia a los medios amparado por la libertad de expresión. Es el fruto de una paradoja: las medidas en pro de la igualdad real entre mujeres y hombres han generado un rearme del machismo. Este discurso, negacionista o que minimiza la violencia machista coloca a los hombres como discriminados por los avances de las medidas en pro de la igualdad real entre los dos sexos. Lo dicen los expertos.

Fuente El País

Érase "un chico normal", víctima de "atroz violencia" psicológica "al saber que iban a dejarle y que el niño que creía esperar no era suyo", escribe el autor del polémico artículo, Salvador Sostres. Entonces, mata a su novia embarazada. "Ante un asesinato no hay causas morales. Pero este chico no es un monstruo", puntualiza antes de concluir a guisa de moraleja: "A veces el amor se convierte en escoria y en desgracia y se abraza desesperadamente a la tragedia".

La publicación de este texto que convierte en víctima al presunto homicida -e ignora a quien pierde la vida- ha desencadenado la indignación en la redacción de El Mundo. Muchos firmaron ayer un artículo, elaborado por el comité de redacción y que se entregará hoy al director del medio, Pedro J. Ramírez, en el que exponen que Sostres ha traspasado el límite de lo aceptable y piden que se deje de contar con él. "¿Qué pasaría si se publicara en el periódico un artículo que dijera que se entiende un asesinato de ETA?", se pregunta en el texto dirigido a Ramírez.

La dirección del diario, que retiró por la mañana el artículo de la web, no quiso ayer incidir en el tema. Un responsable se remitió a las palabras de Ramírez en su Twitter, donde pedía disculpas por el artículo y afirmaba que "fallaron" sus controles en su publicación. "Lo inaceptable del texto de Sostres es que utiliza la misma expresión -'violencia'- para un asesinato y el engaño y abandono en la pareja", añadió.

"¡Y luego dicen que falla la Ley contra la Violencia de Género! ¡Anda que no nos queda camino en el terreno de la igualdad mientras haya opiniones como esa!". Las exclamaciones corresponden a la fiscal de sala Soledad Cazorla, la responsable de combatir las agresiones machistas desde el ministerio público. Varias asociaciones feministas (Fundación Mujeres, juristas de Themis y Federación de Mujeres Progresistas, entre otras) anunciaron ayer que pedirán a la fiscal de sala que intervenga por la publicación de un artículo que, a su juicio, hace "apología del delito de violencia sobre la mujer".

Cazorla, que está "reflexionando" sobre el contenido en su papel de fiscal, califica el texto de "amoral" y "sibilino". "Aunque dice que la conducta del agresor es injustificable, da explicaciones para justificarla. Además, convierte al maltratador en víctima de la violencia psicológica y presenta a la víctima, que está muerta y no puede hablar, como agresora".

Sin embargo, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, no cree que contenido del texto sea perseguible penalmente. A pesar de esto, el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Política Social busca algún resquicio para llevar el texto a los tribunales. Comisiones Obreras sí lo hará.

Montalbán sitúa el problema de este tipo de artículos en el terreno de los medios: "Es su responsabilidad delimitar qué contenidos van a ofrecer al público y cuáles consideran idóneos para formar una opinión pública coherente con una sociedad democrática", dice. "El artículo de Sostres alimenta el mito de la supremacía masculina y de que lo ocurrido, que es un crimen, es algo normal", critica Pilar López Díaz, experta en comunicación y género. "Lo que deberían hacer los medios es acabar con ese mito, en lugar de alentarlo, y plantear la violencia de género en el marco de los derechos humanos", añade. El delegado de Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, que considera el artículo "una indecencia periodística y social", advierte de la proliferación de estos contenidos.

Pero los medios no siempre están alerta. El artículo Revanchismo de género, de Enrique Lynch, que publicó EL PAÍS a finales de 2009 levantó una fuerte polémica. Criticaba una campaña contra la violencia machista y recordaba que a los maltratadores han sido gestados y formados por mujeres. Según la Defensora del Lector, ese texto generó un fuerte malestar entre los lectores e hirió "una sensibilidad que forma parte del núcleo central del periódico".

"Una tolerancia supercero ante las corrientes negacionistas de la violencia de género". Es lo que pide a los medios de comunicación Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Y es que "lo inexplicable, el que un hombre mate a una mujer, se convierte en explicable y en justificable. ¿Cómo se puede pedir después a las mujeres que denuncien si se las culpabiliza?", plantea.

La socióloga Soledad Murillo, madre de la ley contra la Violencia de Género (2004) y de la de Igualdad (2007) cuando era secretaria general de Igualdad, describe así la situación: "La Ley contra la Violencia de Género es la que más se ha recurrido ante el Tribunal Constitucional en toda la democracia, sobre todo por parte de jueces contrarios a que se penalizara más la conducta de un hombre que la de una mujer ante una agresión de pareja". Ese mensaje de ley discriminadora caló. Lo mismo ocurrió con la idea de que se presentan abundantes denuncias falsas por violencia, "algo que los datos del Poder Judicial no corroboran". El tercer elemento en liza ha sido la Ley de Igualdad. "Sus oponentes presentan como una cascada de privilegios para las mujeres, cuando sólo pretende equiparar los derechos". Eso ha contribuido a crear una corriente de opinión que convierte a los hombres en víctimas del "hembrismo", del supuesto predominio de las mujeres, convertidos en "seres indefensos". "Es una forma consciente de intentar derribar los avances que han conseguido las mujeres", concluye.

No le falta razón. Sostres ha recibido muchas críticas, pero comentarios elogiosos en la Red le felicitan por su "valentía" al poner negro sobre blanco una realidad que "muchos hombres sufren". Son las palabras de los denominados posmachistas o neomachistas, hombres que niegan o minimizan la existencia de la violencia de género o aseguran que hay tantos asesinatos de mujeres como de hombres. Los mismos que llaman "feminazis" a las feministas. Aquellos que argumentan las denuncias falsas para echar por tierra una ley que ha conseguido 150.000 condenas en un lustro.

"Hay una corriente de hombres, no necesariamente asociados pero sí organizados, que se dedican a reaccionar virulentamente contra los avances en materia de igualdad", opina José Ángel Lozoya, de Hombres por la Igualdad. "No es casualidad que estos machistas tomen fuerza ahora, cuando la crisis aprieta y en el que se han producido importantes retrocesos en materia de Igualdad, como la desaparición del ministerio, algo que han tomado como una victoria", afirma.

Aunque es una corriente difícil de cuantificar, el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género señala que, según las encuestas, el 1,2% de la población cree que la violencia machista es aceptable "en algunas circunstancias". "Eso son 600.000 personas", se escandaliza Lorente. Cifra que asciende al 6% (más de tres millones de españoles) si esas agresiones son como consecuencia de una separación.

"Lo ocurre en España es parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos a finales de los setenta del pasado siglo, cuando los grandes medios comenzaron a arremeter contra las feministas que ganaban terreno", añade Pilar López. "Es el 'ladran, luego cabalgamos".

martes, abril 05, 2011

Denuncian la 'ínfima implicación' del entorno de las maltratadas para salvarlas

Las denuncias por violencia machista se estancaron en 2010. Es más, descendieron un 1,1% respecto a 2009, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Su presidenta ha corresponsabilizado al entorno de las víctimas, del que ha dicho que tiene "ínfima implicación" en el problema.

En total se presentaron 134.105, lo que supone 368 al día y 15,3 cada hora. El 79,49% (106.594) fueron con atestados policiales -con denuncia de la víctima, de un familiar y por intervención directa policial- el 10,92%(14.640) a través de remisión del parte de lesiones, el 8,32% (11.158), directamente por las víctimas en el juzgado.

Un 0,9% (1.226) fueron presentadas por remisión de servicios de asistencia o terceros en general y 487 en el juzgado por familiares de las víctimas, lo que supone un 0,36% del total.

En 2010 ha descendido el número de denuncias totales en un 1,1% respecto a 2009, año en el que hubo 135.540 (371 denuncias diarias) y en un 5,6%, respecto al 2008.

En este sentido, la presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán, señala en un comunicado que las causas del estancamiento de las denuncias se debe a la "ínfima implicación" de familiares, vecinos y amigos de las víctimas. "Si su entorno y todos nosotros hubiéramos sido más sensibles ante este problema posiblemente se salvarían más vidas", asegura.

Casi un 12% de las víctimas renunciaron a continuar

Los datos del Observatorio indican que en 15.907 casos -el 11,86%- las víctimas renunciaron a continuar el procedimiento (un descenso del 5,3% respecto a 2009).

En cuanto a la forma de terminación de los procedimientos en los juzgado especializados, el 18,5% lo fue por sentencia, un 4,1%, por sobreseimiento libre, un 43,2% por sobreseimiento provisional y un 34,2% por elevación al órgano competente para el enjuiciamiento y sentencia de los hechos.

El delito más habitual fue el de lesiones y en total sumaron 108.532; seguido de delitos contra la libertad (coacciones y amenazas) con 12.296 casos; los quebrantamientos de medidas que fueron 3.657; los delitos contra la integridad moral 3.566; y los quebrantamientos de penas 2.403.

En el periodo citado, 21.368 agresores fueron enjuiciadas por los juzgados de Violencia contra la Mujer, de los que un 71% era español y un 29%, extranjero. El 76% fue condenado, mientras el 24% restante resultó absuelto.

Cinco autonomías son las que mayor número de solicitudes de órdenes de protección reciben: Cataluña, con 6.154, Andalucía, con 6.068, Madrid, con 5.976, la Comunidad Valenciana, con 4.712 y Canarias con 2.719.

Fuente El Mundo

jueves, marzo 17, 2011

Igualdad dará un móvil para ayudar a las maltratadas que no han denunciado

La mayoría de las maltratadas asesinadas este año no habían denunciado. Así son prácticamente 'invisibles' para las autoridades y no pueden acceder al sistema de protección. Pero hay otras que, sin terminar de dar el paso de denunciar, sí han pedido algún tipo de ayuda. Ahora el Gobierno se dirige a ellas y ha anunciado que les facilitará un teléfono móvil con el que podrán recibir asistencia psicológica y, si hace falta, pulsar el 'botón del pánico' si se ven amenazadas.

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha señalado en la Conferencia Sectorial de Igualdad que extenderá el servicio de teleasistencia para las víctimas de violencia de género. Según ha explicado en declaraciones a los medios, se trata de extender el apoyo psicosocial que en la actualidad ofrece el servicio Atempro a 9.000 mujeres en España, mediante un teléfono móvil que las acompaña y al que pueden recurrir para recibir apoyo.

El teléfono, aunque no está pensado como medida de protección sino como una herramienta de asistencia, cuenta también con un 'botón de pánico' para dar una alerta en caso de que peligre la integridad física de la usuaria y que permite localizar su situación aproximada mediante una triangulación con las antenas telefónicas.

Fuentes de su gabinete han concretado que con esta medida, en el momento en que una mujer maltratada pida ayuda, ya sea a un especialista de atención primaria (que detectan el 60% de los casos) o a un familiar o amigo, podrá ser dirigida a este servicio. Los psicólogos y especialistas al otro lado de la línea podrán prestarle apoyo y motivarla para que presente una denuncia.

"Sabemos bien lo difícil que es para muchas mujeres poner una denuncia y por eso queremos extender más mecanismos de protección a aquellas en las que se detecta (violencia) por parte de los profesionales, porque es tremendamente importante tener este tipo de asistencia", ha explicado.

Así, "las mujeres que aún no han oficializado la denuncia" podrán acceder a la teleasistencia "a través de los servicios sociales, que son quienes se suelen ocupar de este tipo de asistencia y deben valorar que mujeres pueden ser susceptibles de ayuda a través de este tipo de instrumento", conforme ha señalado la ministra.

De las 14 mujeres que han sido asesinadas por violencia machista en lo que va de año, sólo tres habían acudido a la justicia.

Desde que el IMSERSO y el extinto Ministerio de Igualdad ampliaron en 2005 la teleasistencia a las víctimas de violencia de género, 33.747 mujeres han accedido a este servicio después de presentar una denuncia por violencia de género y recibir un informe de evaluación de riesgo favorable a la medida. Son los servicios sociales quienes tramitan la solicitud y la Delegación del Gobierno para la violencia de Género, quien autoriza la prestación.

Por otra parte, Pajín ha dado cuenta a las comunidades autónomas de su intención de extender el uso de los 500 brazaletes GPS para localización de maltratadores, que si hasta ahora servían para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares, también podrán ser impuestos por un juez durante el cumplimiento de la condena de alejamiento.

Fuente El Mundo

jueves, febrero 24, 2011

Las víctimas de violencia de género tendrán derecho a la jubilación anticipada

El ser una víctima de violencia de género también se tendrá en cuenta para que las trabajadoras puedan acceder a los 61 años a la jubilación anticipada por una situación de crisis de la empresa, según el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones.

El "Anteproyecto de Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social" establece que a la jubilación anticipada se podrá acceder por dos vías: de forma voluntaria o por cese en el trabajo no imputable al asalariado.

Causas involuntarias

En el caso de la marcha involuntaria habrá que tener 61 años, estar inscrito como demandante de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación y haber cotizado durante 33 años a la Seguridad Social.

Además, el cese en el trabajo debe ser consecuencia de una situación de crisis o de cierre de la empresa, que impida la continuidad de la relación laboral.

A estos efectos las causas de extinción del contrato que darán derecho al acceso a la jubilación anticipada serán: despido colectivo por causas económicas, despido objetivo por causas económicas, extinción del contrato por resolución judicial, muerte, jubilación, incapacidad del empresario individual o por causa mayor.

Asimismo, la extinción de la relación laboral consecuencia de la violencia de género también dará acceso a esta modalidad de jubilación anticipada, según el anteproyecto.

Aunque la jubilación anticipada no haya sido solicitada por el trabajador, vendrá acompañada de coeficientes reductores que se aplicarán a la cuantía de la pensión a percibir (del 1,875% por cada trimestre que le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación, que en 2027 será de 67 años).

Jubilación voluntaria

Respecto a la jubilación anticipada voluntaria, habrá que tener 63 años de edad y una carrera de cotización mínima de 33 años.

El anteproyecto además fija que el importe de la pensión a percibir deberá ser "superior al 125% de la cuantía de la pensión mínima que hubiere correspondido al interesado por su situación familiar y edad". En caso contrario, se precisa, no se podrá acceder a esta modalidad de jubilación anticipada.

Los becarios cotizan

Otra novedad que se introduce en la reforma, que entrará en vigor en 2013 y se implantará paulatinamente hasta el 2027, es que los becarios podrán cotizar, por un máximo de dos años, por esa actividad de formación.

Cuando entre en vigor la reforma, los menores de 32 años podrán sumar dos años de cotización por participar en programas de formación financiados por organismos o entidades públicas o privadas que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, conlleven prestación económica para los afectados.

Según el texto del anteproyecto, los becarios sólo podrán sumar esos dos años siempre y cuando los programas hayan sido realizados cuatro años antes de la entrada en vigor de la reforma. Para que puedan cotizar por dicha actividad deberán firmar, por una única vez, un convenio especial con la Seguridad Social.

Fuente El Mundo

sábado, febrero 19, 2011

Una pandemia de violencia machista desgarra Latinoamérica

América Latina muestra un cuadro grave de violencia contra las mujeres. La amplitud del fenómeno ha convertido este tipo de criminalidad en una auténtica pandemia, como señaló Amparo Alcoceba, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III (Madrid), durante las jornadas Iberoamérica frente al feminicidio: El fin de la impunidad, organizadas por este centro y Casamérica, que, durante el martes y el miércoles reunieron en Madrid a un amplísimo grupo de expertos en esta lacra social.

El aumento alarmante de asesinatos de mujeres y niñas en el triángulo negro (El Salvador, Guatemala y Honduras) se asienta en una cultura del odio contra las mujeres y en el fracaso de los sistemas judiciales, afirmó la relatora de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, Rashida Manjoo.

"¿Por qué los hombres emplean la violencia contra las mujeres? Porque pueden". Así de taxativa se mostró Rashida Manjoo. El feminicidio o femicidio (según los países), palabra que aún no recogen los diccionarios, como señaló Miguel Llorente, delegado del Gobierno español para la violencia de género, se considera una de las formas más violentas de criminalidad, un crimen extremo, porque atenta contra la mujer por el simple hecho de ser mujer. "Y sorprende que la respuesta no sea igual de importante que en otros casos de violencia, como por ejemplo el terrorismo", afirmó Llorente. "Todo se reduce a un problema de visibilidad."

En El Salvador, la violencia contra las mujeres ha aumentado un 197% en la última década, macabro porcentaje que convierte al país centroamericano en la nación con la tasa de feminicidios más alta del mundo. Según datos de la policía salvadoreña, de enero a octubre de 2010 se registraron 477 asesinatos de mujeres. Guatemala ocupa el tercer lugar a nivel latinoamericano en muerte de mujeres. Entre 2001 y 2010 fallecieron por causas violentas unas 5.300. A pesar de que el país guatemalteco es pionero en la legislación contra este tipo de crímenes, con la aprobación en 2008 de la Ley contra el Femicidio, la cifra ha aumentado un 400% en los últimos años. El caso de Honduras no es diferente: entre 2003 y 2010 murieron 1.464 mujeres, de las cuales, el 44% eran mujeres jóvenes, entre 15 y 29 años.

Según Rocío Villanueva, profesora principal de Filosofía del Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, feminicidio significa cosas diferentes, dependiendo de los códigos nacionales. "Guatemala es, a pesar de las cifras, el país con una legislación más amplia de América Latina, mientras que Costa Rica tiene una regulación muy restrictiva", constató la profesora peruana. "El gran tema pendiente es que el sistema judicial de cada país funcione".

La situación se complica aún más con las mujeres indígenas. Los expertos reunidos en Madrid hicieron hincapié en la "revictimización" de estas mujeres, que, además de sufrir agresiones y violaciones, se convierten de nuevo en víctimas cuando tienen que enfrentarse a sistemas judiciales que ignoran su lengua y sus costumbres.

Desigualdad y discriminación

Según los expertos reunidos en Madrid, el carácter universal de los derechos humanos pierde el calificativo cuando una parte importante de la sociedad, las mujeres, los vive desde la desigualdad y la discriminación. Problemas culturales, como el machismo asentado en muchas culturas; la religión, que, pese a ser un asunto de conciencia y pertenecer al ámbito privado, marca el comportamiento de muchas sociedades y profundiza en la desigualdad; las guerras, que a menudo convierten el cuerpo de la mujer en botín de guerra, y se emplean las violaciones y otras formas de violencia sexual como medios deliberados de limpieza étnica (casos recientes de las guerras de la ex Yugoslavia y de Ruanda); la aceptación de la violencia doméstica y las desigualdades extremas: pobreza, género y acceso a la justicia.

"El feminicidio nunca va a ser homogéneo. La clave está en darlo a conocer", declaró Rashida Manjoo. La palabra más repetida durante las jornadas fue impunidad, a pesar de que existe una amplia legislación y jurisprudencia internacional sobre la materia, como la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), o la Convención Belem do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, o las sentencias de la Corte Penal Internacional que incluyen la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada y el embarazo forzado en la definición de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La impunidad que hace invisibles a las víctimas.

Una sentencia pionera

El tema central de las jornadas fue la sentencia de Campo Algodonero, que marca un antes y un después en América Latina. El 10 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo órgano de justicia en América Latina y cuyos fallos son inapelables, declaró al Estado mexicano culpable de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros delitos, por el caso de tres jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez en 2001. Los cuerpos de Claudia González, de 20 años; Esmeralda Herrera, de 15, y Laura Berenice Ramos, de 17, fueron hallados junto a los de otras cinco mujeres sin identificar, el 5 de noviembre de 2001, en un terreno baldío conocido como "campo algodonero". Sus restos indicaban que las mujeres habían sido violadas con extrema crueldad. Condenó también al Estado por no investigar adecuadamente. México fue sentenciado a investigar con perspectiva de género a los culpables, y a las autoridades que permitieron la impunidad se les exigió una disculpa pública ante las familias de las víctimas y la ciudadanía, la construcción de un memorial, la reparación económica a las víctimas, modificaciones legales y la creación de una base de datos de desaparecidas.

La sentencia se consideró histórica porque era la primera vez que se condenaba a un Estado como responsable de feminicidio. Sin embargo, el Gobierno mexicano ha cumplido solo con sus obligaciones a corto plazo, aunque se ha comprometido a cumplirlos completamente. Lo fundamental de la sentencia de Campo Algodonero es que pretende que las reparaciones sirvan como elemento de transformación, resaltó el mexicano Sergio García Ramínez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El chileno Felipe González, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, admitió que la asunción de la violencia contra la mujer como tema de trabajo e investigación por parte de este organismo tuvo una evolución lenta, llevó varias décadas que la comisión encarara de manera decidida la cuestión. "En la década de los noventa empezó a aceptarse algo que hasta ese momento se había visto como una cuestión privada". González afirma que el trabajo de la comisión ha servido para crear conciencia: "Hasta hace 15 años no era obvio que la cuestión de la violencia contra la mujer pertenecía al ámbito de los derechos humanos".

309 nuevos casos en Ciudad Juárez

Emilio Ginés, abogado español, miembro del Subcomité de Prevención contra la Tortura de Naciones Unidas, se lamentó de que a pesar de la sentencia condenatoria de la corte, desde 2010, ha habido 309 nuevos casos de desapariciones y muertes de mujeres en Ciudad Juárez. La periodista mexicana Rosa Isela Pérez también insistió en estas cifras: "A pesar de la sentencia la violencia se ha recrudecido".

En lo que se refiere a los problemas de ejecución de la sentencia de Campo Algodonero, José Guevara, exdirector de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, aportó datos importantes para intentar comprender la respuesta mexicana ante esta sentencia. Presentó unas "cifras negras" de la Universidad Autonóma de México (UAM) que demuestran que el 75% de los delitos cometidos en ese país no se denuncian y que sólo 1,6 de cada 100 delitos llega a conocimiento de un juez.

Guevara señaló que, a pesar de la repercusión mediática que tiene la criminalidad en México, sin embargo este país ocupa el puesto decimosexto de delitos violentos frente a El Salvador, que ocupa el primero; Venezuela el tercero, y Colombia el cuarto. Sin embargo, el Estado mexicano de Chihuaua, donde se encuentra Ciudad Juárez y donde nueve de cada 10 casos quedan impunes, está al mismo nivel de Colombia. "Creímos que la sentencia de Campo Algodonero iba a servir para frenar la violencia contra nuestras mujeres, pero lamentablemente no ha sido así", afirmó Guevara. Entre las causas que aportó para que el Estado mexicano no hubiera ejecutado aún la sentencia señaló el federalismo mexicano. "La sentencia de Campo Algodonero solo habla del Estado de Chihuaua y es su Gobierno el que tiene que encontrar a los responsables de los crímenes e irregularidades".

Los expertos concluyeron que la celebración de actos como el de Madrid ayuda a dar visibilidad a estos atentados contra los derechos humanos y que el respeto a sentencias como estas son un paso fundamental para fin de la impunidad.

Fuente El País

domingo, febrero 13, 2011

Pajín advierte a las maltratadas: 'Si no denuncian no se las puede proteger'

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha avisado hoy a las mujeres que sufren violencia machista que, si no denuncian su situación, no se les puede proteger.

En declaraciones a los periodistas en Badalona, donde ha visitado el Instituto Guttmann, Pajín se ha referido así al hecho de que ninguna de las diez víctimas mortales de violencia machista este año en España -la última anoche en Barcelona-, había denunciado previamente a su verdugo.

La ministra ha insistido en la importancia de que las mujeres que sufren la violencia machista denuncien su situación, porque "si no conocemos su realidad y no entran en el proceso de protección, no las podemos proteger".

Por este motivo, ha anunciado que la campaña anual de su ministerio sobre la violencia machista se centrará en que las mujeres "no bajen la guardia"y denuncien su situación si sufren la violencia machista. En este sentido, ha recordado que en España hay actualmente 95.000 mujeres en programas de protección.

Fuente El Mundo

lunes, febrero 07, 2011

Las 'sin papeles' que denuncien maltrato no serán expulsadas

Las mujeres inmigrantes irregulares que denuncien maltrato tendrán una protección especial.Ni siquiera se les abrirá un expediente de expulsión y, si ya lo tuvieran, se suspenderá. Esta medida se adoptará a la espera bien de una resolución judicial (como una sentencia o un auto de medidas de protección) o bien de un informe del Ministerio Fiscal que determine indicios de violencia de género. Además, este amparo especial también se extenderá a los hijos menores de las maltratadas. Esta es una de las principales novedades que incluye el borrador del nuevo reglamento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que desarrolla la Ley de Extranjería, aprobada en diciembre de 2009. El reglamento en vigor no contempla ninguna protección especial para estas mujeres.

El texto, mucho más amplio que el anterior (consta de casi 200 artículos), no está centrado en permitir que vengan a España más ni menos extranjeros, sino en regular de una forma más amplia y al detalle que la ley orgánica de 2009, dentro del margen que esta concede, especialmente las cuestiones relacionadas con la protección, según fuentes próximas a la negociación. Sus objetivos principales son fomentar la cultura de la regularidad e intentar que los extranjeros que están ya integrados en España estén más protegidos. Esta ley y su reglamento son las normas que regulan la situación de los inmigrantes procedentes de países no comunitarios.

El Gobierno prevé presentar el borrador mañana. Hoy se reunirán miembros del Ejecutivo con sindicatos y patronal para acordar los últimos detalles y el martes, tras su presentación, se abrirá un proceso de 15 días para alegaciones antes de que el texto definitivo vaya al Consejo de Ministros para su aprobación.

El texto también da mayor protección a las personas que retornen voluntariamente a sus países, y revisa la situación de los menores no acompañados para que sean tratados con las máximas garantías jurídicas y teniendo en cuenta su interés por encima de otras cuestiones. Éstos son los aspectos principales.

- Maltratadas. A las mujeres maltratadas inmigrantes irregulares que hayan denunciado no se les abrirá un expediente de expulsión. Con esto, el reglamento las protege incluso más de lo que especifica la ley. Si tienen ya abierto un expediente de expulsión, se paralizará. Esta medida se tomará bien hasta que haya una resolución judicial (una sentencia o solo un auto de medidas de protección, no hará falta una sentencia condenatoria) o bien un informe del fiscal que determine la existencia de indicios de violencia de género. Se les dará además autorización provisional de residencia y de trabajo. Y la protección se extenderá también, con una autorización de residencia, a sus hijos menores que estén en España.

El reglamento actual no contempla excepción alguna para las mujeres maltratadas inmigrantes. El año pasado fallecieron a manos de sus parejas o ex parejas 73 mujeres en España, de las cuales el 31% eran inmigrantes no comunitarias. En los años anteriores, la media de muertas por violencia de género extranjeras rondaba también el 30%. De las mujeres que presentan denuncia por maltrato, se calcula que el 25% son inmigrantes.

- Parados. Los inmigrantes que se queden en paro después de haber estado en activo no tendrán que abandonar el país, se les renovará la autorización de residencia si su pareja de hecho está en situación regular y acreditan entre ambos medios suficientes para mantenerse. En el anterior reglamento esta situación solo se contemplaba para los matrimonios. Entre los inmigrantes latinoamericanos, por ejemplo, abundan las parejas de hecho. En algunos de estos países, tradicionalmente casi la mitad de las parejas son de este tipo y no matrimonios.

- Contratación en origen. El actual "contingente" (conocido erróneamente como "cupo") del reglamento en vigor pasa a llamarse "gestión colectiva de contratación en origen". No es un cupo, como ocurre en otros países: las plazas se ofertan según la demanda que comuniquen las empresas u organismos españoles. El objetivo es clarificar este mecanismo de cara a las necesidades del futuro. Este año, el contingente consta solo de 14 plazas, todas del sector sanitario (son sobre todo de médicos, enfermeras y terapeutas para el sector privado). En 2010 rondaron las 30. Es casi simbólico, pero se pretende mantenerlo vivo por su importancia política y su utilidad para sectores que precisan trabajadores con formación o experiencia específica, cuya demanda no se cubre con los que existen en España.

Fuente El País

martes, febrero 01, 2011

Ninguna de las siete muertas por violencia machista había denunciado

Ninguna de las siete mujeres que han muerto en lo que va de año por la violencia machista habían denunciado malos tratos de su agresor, según la ficha que mantiene el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Las siete convivían con su agresor, y solo una estaba en trámites de separación. El delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, ha hecho un llamamiento a las maltratadas y a sus entornos para que "actúen".

La última de las víctimas es una mujer de 74 años que fue asesinada de un disparo por su marido, de 86, en Calviá (Mallorca) el pasado sábado. La tesis de la investigación es que el hombre mató a la mujer y luego se quitó la vida.

Fuente El País

miércoles, enero 05, 2011

Las órdenes de papel no evitan los crímenes

En los primeros cinco años de aplicación de la Ley contra la Violencia de Género se solicitaron en los juzgados 193.067 órdenes de protección y se concedieron 140.936. Son decisiones que cambian la vida de las personas y que en la mayoría de los casos suponen el alejamiento de un hombre de la mujer que denuncia (93% de los casos), prohibición de comunicarse con ella (89%), la salida del domicilio conyugal (20%), el ingreso en prisión, la suspensión de la tenencia de armas o la prohibición de volver al lugar en el que se cometió el delito.

En casi todos los casos, una misma orden de protección puede contener varias medidas penales, según el criterio del juez, y se pueden dictar incluso en ausencia del hombre. Es un mecanismo que está vigente en España desde 1999, pero que no se aplica de forma masiva hasta que se reformó el Código Penal en 2005 y cuya implantación en el ámbito de la Unión Europea está en estudio a iniciativa de España. Sin embargo, la aplicación masiva de estas medidas no ha reducido los crímenes machistas. De las 71 mujeres asesinadas en 2010 por su pareja o ex pareja solo habían denunciado 20 y, por tanto, solo esa veintena podía estar bajo una orden de protección.

Algunas voces cuestionan la eficacia de esas medidas y alertan de la imposibilidad de que la policía vele por su cumplimiento si se conceden a millares. Los organismos oficiales y algunos sectores de la judicatura, por el contrario, defienden su aplicación y dicen que tienen un efecto disuasorio en la prevención de los malos tratos.

Con o sin orden de protección, las mujeres siguen muriendo y el sistema judicial y policial se demuestra ineficaz para combatir esta lacra, pese a que España es uno de los países en que se producen menos crímenes por violencia machista. Un estudio del Instituto Universitario para el Estudio de la Violencia del Centro Reina Sofía revela que en el año 2006 hubo una media de 2,8 homicidios por cada millón de mujeres, por detrás de Italia y Noruega (3,7), Reino Unido (4,2), Francia (5,2), Finlandia (9,3) o Austria (9,4). El Código Penal español prevé penas mucho más duras que las de otros países para la violencia machista y contiene una amplia tipificación que no se corresponde con los índices de delincuencia por ese motivo, igual que sucede con otros delitos.

"Las amenazas y el maltrato leve derivados de los conflictos familiares no tienen nada tiene que ver con el perfil de un maltratador que acaba matando a su pareja", explica Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. En su opinión, las órdenes de protección son necesarias, pero su eficacia "ha quedado desdibujada", porque se acuerdan de forma masiva al haberse ampliado tanto el concepto de violencia de género en la ley. "Una frase como 'te vas a enterar' o 'pobre de ti si te llevas a los niños' pronunciada en una discusión de pareja que se está divorciando no implica un riesgo grave que justifique una orden de protección".

Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, defiende la eficacia de las medidas "porque tienen un efecto disuasorio innegable". En su opinión, el problema no es que se concedan muchas órdenes, sino que estas medidas deberían ir acompañadas de otras. "El número es el que es y los jueces las conceden cuando existe un riesgo para la mujer, pero es innegable que harían falta más medios", explica.

En este sentido, recuerda que existen tres mil brazaletes para realizar el seguimiento de supuestos maltratadores y en estos momentos solo se han instalado 400. Quedan, por tanto, otros 2.600 que están a disposición de los jueces y que no se emplean, aunque Montalbán asegura que "lo importante es que estén disponibles".

Existen otros 1.910 policías especializados pero que resultan también insuficientes para proteger a las 94.000 mujeres que actualmente están protegidas por decisión judicial. "Lo que no se puede hacer es poner un policía detrás de cada mujer que denuncia", explica Julia Clavero, del despacho Aba Abogadas, de Madrid, que agrupa a 24 profesionales especializadas en Derecho Penal y de Familia. Con todo, Inmaculada Montalbán se muestra optimista y asegura que "poco a poco se van perfeccionando los sistemas con los distintos cuerpos policiales para que esas medidas se puedan cumplir".

La concesión de la orden de protección queda a criterio del juez, pero el artículo 57.2 del Código Penal establece que una condena por violencia machista debe ir acompañada "en todo caso" de una orden de alejamiento. Varios jueces y tribunales cuestionaron esa obligatoriedad, pero el Tribunal Constitucional zanjó el debate el pasado mes de octubre y avaló la constitucionalidad de la medida.

Pero digan lo que digan los jueces muchas mujeres vuelven a convivir con su pareja, pese a haberle denunciado unos días antes y obtener una orden de alejamiento que también la obliga a ella a cumplirla. Ese regreso -derivado en muchos casos de la dependencia emocional de su agresor y por falta de medios económicos que sufren las mujeres- se puede convertir en un riesgo letal. Como el caso de la mujer de Tarragona asesinada en octubre junto a sus dos hijos a manos de su marido, contra el que existía una orden de alejamiento que ella no respetó. O el caso de la mujer muerta en Badajoz a medidos diciembre por un disparo de su ex pareja, sobre el que pesaba otra orden.

"Cada muerte de una mujer que tenía una orden de protección supone un fracaso del sistema", asegura Inmaculada Montalbán, quien rechaza de plano que los jueces actúen de manera preventiva para evitar las críticas. "Cada vez son más responsables", dice. Y es posible que sea así, pero la última mujer asesinada en España, que tenía 24 años y cuatro hijos, había denunciado a su asesino un mes antes y no había sido dictada orden de protección.

"Los juzgados de violencia sobre la mujer deberían ser como las urgencias de los hospitales: solo se debería acudir si estuviera justificado. Si se va por un resfriado se acaba colapsando el servicio y en los juzgados de violencia no siempre se pueden identificar los casos realmente graves de los que no lo son", explica una magistrada. De ahí la importancia que esos juzgados especializados tengan equipos psicosociales para detectar las situaciones de riesgo. Y eso solo sucede en contadas capitales que acogen juzgados especializados (hay 106 en toda España) y resulta una quimera en los otros 358 juzgados donde se mezclan los casos de violencia machista con los pleitos civiles o penales.

"Al maltratador grave le importa poco la pena que se le pueda imponer, entre otras cosas porque muchos se suicidan. Y aún le importa mucho menos tener una orden de alejamiento si al final acaba en papel mojado", recuerda García Arán. En los cinco años de aplicación de la Ley de Violencia de Género se han concedido en España el 73% de las órdenes de protección que solicitaron las mujeres, aunque cada vez se va reduciendo el número.

Por comunidades autónomas se aprecian diferencias. En el segundo trimestre de este año, por ejemplo, los jueces de Murcia concedieron el 92% de las órdenes solicitadas y los de la Rioja, el 90%. En el polo opuesto, los jueces que menos medidas adoptaron fueron los de Cataluña (51%) y Madrid (55%). El magistrado Carlos Pascual, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Barcelona, apunta a que es posible que los jueces que no están especializados en esta materia, como sucede en muchas capitales de provincia de España, concedan más órdenes porque se impresionan más ante las denuncias. "Las órdenes son eficaces, pero los jueces hemos de ser conscientes de que existen subterfugios para incumplirlas", explica este juez.

"Las órdenes sirven para que se frene la actitud del hombre y en muchas ocasiones funcionan. El problema es que la ley no distingue y trata igual el caso de un moratón que el de una paliza", explica la abogada Julia Clavero. En ese sentido, Justo Sáenz, presidente de la Confederación Estatal de Madres y Padres Separados asegura que "a veces se dictan órdenes de protección con demasiada alegría y otras veces no se le hace caso a la mujer que acude al juzgado porque no va con el ojo morado y no se creen lo que está diciendo", se lamenta. "Yo creo que los juzgados de violencia actúan con normalidad y que se debería insistir más en la violencia psicológica y habitual para recabar más elementos antes de tomar una decisión", explica Montalbán.

El juez Carlos Pascual admite que, en ocasiones "acuden al juzgado mujeres pidiendo una orden de protección que ella misma va a romper en cuanto pase la tensión familiar que la ha llevado a denunciar" y reconoce que "si los jueces diésemos menos órdenes se podría exigir a la policía que se cumplieran más, pero así es muy difícil". No es su caso, sin embargo. En su juzgado se han solicitado más de 200 órdenes en lo que va de año y apenas ha concedido el 10%. Y otra compañera suya Barcelona ni siquiera ha otorgado el 5% de las peticiones.

Fuente El País

viernes, diciembre 31, 2010

Solo el 28% de las asesinadas había denunciado a su agresor

Por los hijos. Por dependencia económica. O emocional. Porque no se atreven a hacerlo. Solo el 28% de las mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas o ex parejas había denunciado a su maltratador. Únicamente 20 de las 71 víctimas mortales. Una cifra que revela un problema que alarma a los expertos que, al hacer balance de uno de los años más negros de esta lacra, se preguntan por qué a pesar de las campañas aún existe una bolsa de maltrato oculta. Desde 2006 -cuando se incluyó esta variable en las estadísticas-, el porcentaje de víctimas mortales de violencia de género que había denunciado nunca ha pasado del 31%.

Este año tampoco. Los logros de 2009, cuando se consiguió que hubiera menos asesinatos de género, se han diluido en 2010. Las cifras han vuelto a repuntar. Este año los machistas han asesinado a 15 mujeres más que el anterior. La lacra no cesa y las autoridades advierten: si no hay denuncia, es muy difícil por ahora brindar la protección que las víctimas precisan.

Carmen tardó años en dar el paso. En los más de 10 que llevaba casada, los malos tratos físicos y psicológicos fueron constantes. Prefiere no dar su verdadero nombre, y con voz muy suave cuenta que se casó joven, con apenas 20 años, y que los golpes llegaron muy pronto. "Antes ya me había apartado de mi familia y de mi entorno. Cuando me dio la primera bofetada yo ya vivía por él y para él. Me sentía inútil, ridícula, tonta", recuerda. Pronto llegó su primer hijo. Y después el segundo. Pensó que ya no podía dejarle.

Esta mujer de 32 años explica que se sentía como una muñeca que intentaba no enfadar al ogro. "Pero siempre encontraba motivos para la bronca", narra. "No podía hacer nada. Me ocupaba de los niños y de la casa. Me dejaba ir a rec.ogerles al cole y de vez en cuando a tomar un café con las otras madres", dice. Nunca contó a nadie lo que le estaba pasando.

El día que decidió huir fue por los niños. "El pequeño llegó histérico del cole con una carta de su profesora. Se había peleado y lloraba por miedo a que su padre se enterara", cuenta. Ese día, Carmen decidió irse. Los motivos que la habían retenido junto a su agresor se esfumaron. Los hijos, la falta de dinero, el miedo de no tener donde ir... Las lágrimas del niño los borraron esa mañana.

Los motivos de Carmen no son extraños. Son muchas las mujeres que tardan en dar el paso. O que, como más del 70% de las asesinadas este año por los machistas, nunca llegan a darlo. "Muchas de las mujeres víctimas de maltrato ven su situación como algo normal. Han vivido una serie de cosas que les han llevado a pensar incluso que lo que están pasando es su culpa y perciben la denuncia como una medida exagerada", apunta Miguel Lorente, delegado del Gobierno contra la Violencia de Género. Su percepción del riesgo que corren es baja.

También hay que tener en cuenta la parte sentimental. "Cuando la víctima piensa 'qué voy a hacer, ¿voy a denunciar a mi marido, al padre de mis hijos, para que se lo lleven esposado, para que me señalen como una mujer maltratada?", dice el delegado del Gobierno. Igualdad detecta otro factor: muchas no saben cómo les ayuda la denuncia.

Esa una de las cuestiones que apunta Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres Divorciadas y Separadas, que lleva años trabajando con víctimas de la violencia de género. "Ellas ven que apenas hay beneficios si denuncian", critica. "Lograr medidas de protección es complicado y no quiere decir que vayan a funcionar", añade. Pérez del Campo sostiene además que la culpa de que muchas mujeres no den el paso de acudir a las autoridades es de la campaña de las denuncias falsas: "Si una maltratada percibe que se cuestionan las denuncias ve alimentados sus miedos. Ve cumplido lo que el maltratador le lleva diciendo tiempo, que nadie la va a creer".

Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sostiene, sin embargo, que el sistema funciona. En los tres últimos años se han interpuesto 471.000 denuncias por violencia de género. Han aumentado un 17% desde 2007. "Si las mujeres no denuncian no podemos protegerlas. Eso es lo que muestran las estadísticas", esgrime. Montalbán pone un ejemplo: en los cinco años de funcionamiento de los juzgados especializados se acordaron más de 140.000 órdenes de protección y se quebrantaron con resultado de muerte 47, es decir, un 0,03%.

Que aflore esa bolsa de maltrato oculta es uno de los retos para 2011. Para ello, Igualdad pondrá en marcha programas de detección precoz en los que colaborarán médicos de atención primaria y enfermeras. Otra asignatura pendiente es concienciar a la sociedad para que denuncie. Que no lo haga solo la víctima. El 40% de los españoles culpa a la maltratada de su situación por seguir con su maltratador, según datos de Igualdad. Ante la cifra Carmen recuerda que hay muchos motivos que dificultan dar el paso.

Fuente El País

martes, diciembre 28, 2010

Los obispos dicen que hay más maltrato fuera de la familia clásica

Los obispos relacionan el aumento de los malos tratos a mujeres (y las 71 asesinadas por sus parejas o ex parejas en España este año) con el declive de la familia tradicional. El presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española y obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá, hizo esta reflexión en la presentación de la Misa de Familia del próximo 2 de enero en Madrid. La violencia doméstica se da sobre todo en procesos de separación y divorcio, en procesos de litigio, "de manera que los matrimonios canónicamente constituidos tienen menos casos de violencia doméstica que aquellos que son parejas de hecho o personas que viven inestablemente", dijo el obispo Reig Plá.

Para Reig es "preocupante" que cada vez se rompan más uniones conyugales, sobre todo en los primeros cinco años de convivencia, y cómo afecta a los niños la nueva situación familiar. Insistió en que un niño tiene derecho a tener un padre y una madre porque "lo necesita para tener el hábitat de la ecología humana y lo necesita para crecer como persona que sea capaz de afrontar con seguridad los retos de la vida".

Fuente El País

lunes, diciembre 27, 2010

El año cerrará con un balance dramático. Sin duda. Son 71 mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas. Cada caso, con un nombre y apellido det

El año cerrará con un balance dramático. Sin duda. Son 71 mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas. Cada caso, con un nombre y apellido detrás, es, sin duda, un drama. Ni qué decir de esta sangría si nos acordamos que hace sólo un año murieron 56 mujeres y que sóloen este diciembre se contabilizaba una mujer muerta cada tres días.

¿Qué ha pasado? ¿Que ha ocurrido este 2010? Nada especial, dicen los expertos que insisten en la necesidad, mejor dicho, obligación, de poner los datos en su lugar y analizar periodos de tiempo más amplios y no quedarse en la instantánea. Y no generalizar fácilmente, detrás de cada muerte hay una historia distinta. "Siempre hay un factor individual", asegura el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente. "Se pueden encontrar factores comunes pero entre los 71 casos de este año no hay un único perfil de maltratador", puntualiza.

En lo que discrepa respecto a los expertos consultados el hombre fuerte del Gobierno en esta materia es que en este año sí ha habido novedades frente a otros años. Y todos ellos rechazan rápidamente que la crisis económica, y su saldo de cuatro millones de parados, haya tenido que ver en estas dramáticas cifras de 2010. "Otro tópico más", sentenciaSantiago Boira, psicólogo clínico y profesor asociado de la Universidad de Zaragoza y experto en hombres maltratadores.


El eterno mito de la Eva perversa "Hay que relativizar tanto el aumento de los casos de este año como el descenso registrado en 2009", explica Enrique Echeburúa, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco y tira de los datos que hay porque realmente en España "se manejan con rigor datos sólo desde 2003". Este año fueron 71 las mujeres muertas y los siguientes fueron 72, 57, 69, 71, 76, 55 hasta llegar a las 71 actuales a falta de terminar este 2010. "Así que, por muy dramático que sea cada caso individualmente se puede hablar de cierta estabilidad".

En esa idea del tiempo incide Santiago Boira, autor del libro 'Hombres maltratadores. Historias de violencia masculina', al recordar lo obvio, aunque no por ello menos importante, que "las estructuras de género están grabadas tanto en hombres como en mujeres. El comportamiento está interiorizado". Lo ratifica y advierte el delegado del Gobierno ante los críticos con la Ley Integral contra la Violencia de Género, de diciembre de 2004: "La sociedad española no ha cambiado en seis años toda su Historia de relación desigual".

Lo que sí ha cambiado este 2010 para Miguel Lorente, delegado del Gobierno es que se ha empezado a esgrimir el argumento de la víctimización de las mujeres con las denuncias falsas. "El año pasado no se hablaba de ello y ni siquiera a principios de este año la pregunta sobre denuncias falsas existía". Los datos los ha dado el Consejo General del Poder Judicial (0,18%) y la Fiscalía del Estado (0,018%). Sin embargo el debate ha surgido en la sociedad con fuerza y "el maltratador se refuerza en su comportamiento y se legitima más", explica Lorente. "El eterno mito de la Eva perversa".


Para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ciudad Real "no existían pruebas de una situación de riesgo objetivo suficientemente acreditado para la denunciante, especialmente cuando no se había constatado ninguna agresión previa", por lo que denegó la orden de protección a la joven que fue asesinada al mes por su marido. Boira, desde su amplia experiencia con hombres maltratadores, dice que"es muy complicado establecer un patrón de riesgo" y recuerda como en muchos casos de muertes no ha habido una denuncia previay que una cuarta parte de la mujeres asesinadas seguían conviviendo con su asesino.Miguel Lorente sí reconoce que el 30% de las sentencias son absolutorias. "Es un porcentaje alto", dice, pero eso lo único que significa "es que no hay pruebas para romper la presunción de inocencia". Recuerda la muerte de Pozurna (Ciudad Real) en la que la mujer denunció amenazas y al mes siguiente fue asesinada.

Efecto imitación o paso a la acción

Otra circunstancia que ha cambiado este año es que ha habido meses con una gran concentración de casos, como fue junio y está siendo este diciembre. Ello tiene un efecto de imitación en el maltratador porque"matar para una persona maltratadora es muy difícil". Los violentos se construyen argumentos y legitiman su forma de actuar y deciden pasar a la acción. Recuerda Lorente como un hombre mató a martillazos a su mujer en Roquetas (Almería) y pocos días después otro hacía lo mismo en A Coruña.


También para este psicólogo clínico es "muy aventurado afirmar que la violencia aumenta" porque con la crisis económica hay menos divorcios. El objetivo del maltratador no es la muerte de la mujer que tiene como pareja sino su sometimiento y utiliza el miedo como herramienta y esa violencia psicológica puede llegar al asesinato.En contra de lo que se cree, el maltratador es "una persona normal y no es consciente del problema que tiene", dice Santiago Boira, porque en el asunto de la violencia de género hay que"desmontar muchos tópicos",como que detrás de cada muerte hay una situación de desempleo, alcohol o consumo de sustancias. Y añade que este colectivo "no tiene un problema psicopatológico de libro". "Hasta agosto, el porcentaje de parados que hubieran agredido a sus mujeres era muy bajo", dice Lorente.

Recuerdo de lo inmediato

La instantánea es lo que queda, la última foto con el traslado del cadáver y la memoria engaña. "Se hace un balance de desastre por el recuerdo de lo más inmediato", advierte el catedrático de la Universidad del País Vasco. Más datos que exponen Echeburúa y Miguel Lorente Acosta. Hay 600.000 víctimas de malos tratos, cerca de 140.000 denuncias y 70 mujeres asesinadas. Además, Echeburúa también quiere colocar los datos de España frente a Europa y los países nórdicos para desterrar más tópicos: "el del Sur con países calientes".


Por último, en cuanto a porcentajes, en España, entre el 30 y 40% de losasesinos y víctimas son inmigrantes teniendo en cuenta que entre un 13 y 15% de la población total española es inmigrante.En España hay 2,81 mujeres mayores de 14 años muertas por violencia machista por cada millón frente aEuropa con una media de 3,94. En Dinamarca la cifra alcanza 5,4; en Finlandia, 9,3; la "superfeminista" -insiste Echeburúa- Noruega, 3,67; y Suiza y Reino Unidos duplican la media española. Y para más inri, recuerda Boira, que las políticas de igualdad llevan mucho más tiempo implantadas en los países nórdicos.

La ley de Violencia Integral, cuestionada

Igual que se ha empezado a manejar el argumento de la víctimización de las mujeres se debate sobre la idoneidad de la Ley Integral de Violencia de Género. "La ley no es mala, es una ley buena, pero no ha conseguido frenar la sangría de asesinatos", dice Echeburúa quien cree, además, que ya es "suficientemente dura".

Argumenta que en este tipo de violencia lo más espectacular son los asesinatos que quedan, pero no hay que infravalorar las 140.000 denuncias habidas por maltrato en 2009, "lo que significa que con la leylas mujeres están dispuestas a romper con el miedo y con la vergüenza de lo que es la intimidad del hogar familiar".


En contra está Natalia Ortega, psicóloga de Activa Psicología y Formación, especialista en Maltrato y Abuso Sexual Infantil, para quién es "evidente que la ley no está consiguiendo los objetivos deseados, puesto que siguen incrementando el número de muertes y hoy en día hay muchas mujeres que no encuentran el valor para denunciar". Boira aporta a este respecto que hay que "seguir investigando porqué no denuncian". Por su parte, Lorente cree que el impacto positivo de la ley de 2004 no se valora.Es más para este catedrático de Psicología Clínica "es una ley muy efectiva para proteger a las víctimas". Para el profesor asociado de la Universidad de Zaragoza "fue importantísima para ayudar aentender la violencia de género", lo que no quita que haya que mejorarla "pero pone en su sitio un problema en el que había respuestas muy tímidas".

No lavarse las manos

La batalla hay que darla en otros campos, coinciden Echeburúa y Boira. "Hay que buscar otros procedimientos que no dependan sólo de medidas legislativas como trabajar en educación, prevención y programas de concienciación", concreta el primero que cree que en "España se ha tomado conciencia de que es una situación inadmisible". Se trata de implicar a todos los agentes (hogar, escuela, médicos de familia, aumentar los juzgados de violencia de género y dotar de más medios para las pruebas periciales, medios de comunicación, campañas de sensibilización como al de la tarjeta roja al maltrato, etc.) para tener "una lluvia fina que vaya calando".


"Es un problema de larguísima distancia", sentencia este psicólogo clínico. "Un problema de hombres y de mujeres, que socialmente en el pasado era sólo de mujeres". La rehabilitación del hombre, hacerle entender que "en su relación ha hecho daño y que él es el responsable de su comportamiento es complicado, pero no imposible". El delegado del Gobierno va más allá: "Es posible acabar con la violencia de género". Es partidario de hacer una lectura en positivo y no utilizar el sentido negativo. Es más: "No hay que dejar el futuro en manos de 71 asesinos". El presupuesto del Gobierno en esta materia se mantiene en 300 millones. "Es una apuesta decidida", concluye.Ambos expertos defienden que en todo este entramado de la violencia de género, "que es responsabilidad de todos y en el que no debemos lavarnos las manos", se ha detrabajar paralelamente sobre el comportamiento de los hombres, sin olvidar a los más jóvenes, y en la protección de las víctimas de maltrato. Santiago Boira hace hincapié en que las estadísticas judiciales arrojan que hay una parte de la población muy jóven con este comportamiento. "La violencia es un atajo para afrontar el conflicto y que el otro haga lo que yo quiero", dice.

Fuente El Mundo