Multan con 3000 € a una juez que criticó la Ley de Violencia de Género

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sancionado con una multa de 3.000 euros por una falta grave a la ex titular del Juzgado de Violencia de Género número 1 de Santander, María Jesús García Pérez, por unas declaraciones en las que cuestionó la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Así lo ha decidido la comisión disciplinaria del CGPJ por unanimidad, según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

El Consejo ha decidido elevar a 3.000 euros la sanción inicialmente solicitada por el instructor del expediente, que proponía una multa de 300 euros por una falta grave del artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al entender que en sus declaraciones "existe materia suficiente para imponer la multa máxima".

Este artículo establece que es falta grave "el exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados, procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial".

En octubre del año pasado el CGPJ abrió expediente a García Pérez -actualmente destinada en el juzgado de lo penal número 6 de Bilbao- para investigar si las declaraciones que realizó en una entrevista en "El Mundo Hoy en Cantabria" eran sancionables.

En esa entrevista, la magistrada María Jesús García Pérez hizo afirmaciones tales como: "Yo soy de los jueces que está en contra de esta ley", "la orden de protección no sirve para nada" o "cogí (el Juzgado de Violencia) para tener experiencia y para verlo por dentro".

Sus aseveraciones merecieron la reprobación de distintos colectivos, entre ellos el Observatorio de Violencia Doméstica del CGPJ, cuya ex presidenta Montserrat Comas pidió al Servicio de Inspección de este órgano que le abriera un expediente para determinar si había cometido una falta grave de consideración respecto a los ciudadanos y las instituciones.

Fuente El Mundo

Baja por primera vez el número de denuncias por agresiones machistas

Bajan las denuncias por violencia machista. No mucho, 3.375, un 9%, pero es noticia porque ocurre por primera vez desde que se le ponen porcentajes y cifras a este terrorismo de género. Y ha pasado en la última medición acometida, la del cuarto trimestre de 2008. De las 37.239 denuncias presentadas entre julio y septiembre a las 33.864 entre octubre y diciembre. ¿Una nueva tendencia?

«Puede ser un descenso puntual, ya que el número de denuncias desde la aplicación de la ley, hace tres años y medio, se ha incrementado progresivamente hasta cerrar el año 2008 con 142.000 denuncias». Habla Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que ha presentado ante el Congreso de los Diputados un balance sobre los tres años y medio de aplicación de la Ley contra la Violencia de Género.

Sobre el carácter presuntamente puntual de ese dato de finales de 2008 decidirán los números que presente el CGPJ del primer trimestre de este año. Pero la evidencia es que esta última estadística trimestral se alza frente al mensaje constante que se le lanza a la mujer maltratada para que denuncie. Los jueces, los abogados, los policías, los sanitarios y los políticos insisten en que se debe denunciar, «porque si el Estado no conoce la situación no puede actuar para proteger a la víctima».

De hecho, siete de cada 10 mujeres asesinadas el año pasado no habían presentado denuncia, un porcentaje que no se mueve para arriba ni para abajo desde hace años.

Los datos del CGPJ cuentan que lo que sí ha aumentado (un 10%) es el número de renuncias, casi 4.000 más en 2008 que en 2007.

Y que la violencia machista o la sospecha de la misma ha ocupado 140.000 sentencias desde julio de 2005 hasta la última Nochevieja. De esas sentencias, 95.284 (el 68%), han sido condenatorias y 45.421 (el 32%), absolutorias. Es decir, casi 100.000 hombres condenados por violencia de género en tres años y medio.

Pero si se analiza qué tipo de juzgado condena o absuelve más, se entiende mejor la especialización. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer condenan el 80% de los casos que estudian. Sin embargo, los Juzgados de lo Penal dictan sólo un 55% de sentencias condenatorias.

En muchas de las sentencias que acaban en nada el juez se topa con el testimonio de la víctima contra el del agresor. No hay prueba de cargo, lo que imposibilita una decisión de condena, «pero no significa que el agresor sea inocente, sino que se revela el carácter específico de esta violencia, que se produce en la intimidad y sin testigos», matizan los movimientos feministas.

Por eso algunos piden insistentemente que la violencia de género se persiga de oficio y que se elimine la dispensa de declarar contra el agresor, una posibilidad que se redactó en las leyes hace más de un siglo, cuando no se pensaba en violencia machista.

Montalbán no ha hablado de ese asunto, pero sí de otro que también levantó sus vendavales hace más de un año. La presidenta del Observatorio no cree positivo que el juez deba dictar un alejamiento forzoso de forma automática en cuanto maneja un asunto de violencia machista. «Hay que dejar a discreción del juez la orden de alejamiento en aquellos casos en los que la violencia haya sido un hecho puntual y leve y haya informes de inexistencia de riesgo». Según los datos del CGPJ, los juzgados han acordado el 75% de las órdenes de protección incoadas, casi 100.000.

Fuente El Mundo

El alcohol esta presente en el 50% de los casos de violencia de género

Casi la mitad de las personas involucradas en casos de violencia de género (47%) había estado bebiendo antes de que se produjera la trifulca, según el «Estudio Internacional Sobre Género, Alcohol y Cultura Proyecto Genacis», un informe respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y recogido por la Fundación Salud y Comunidad (FSC). Esta cifra de consumo de alcohol afecta al agresor (25%), a la víctima (3,5%) y al agresor y la víctima (16,7%).

El consumo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo de violencia en la pareja y demuestra estar «íntimamente ligado» a ella, ha informado FSC en un comunicado.

Los datos muestran que en EE.UU., Inglaterra y Gales, las víctimas creían que su pareja había estado bebiendo antes de una agresión física en el 55% y el 32% de los casos, respectivamente. Asimismo, en Australia, el 36% de los homicidas estaban bajo los efectos del alcohol en el momento del incidente.

En España, la FSC lleva a cabo en Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña el «Proyecto Malva», una iniciativa que tiene como objetivo informar y sensibilizar a la población general, potenciales víctimas y potenciales agresores/as sobre «los mecanismos que desencadenan los procesos violentos» en la pareja, haciendo «especial énfasis» en el papel del alcohol y los recursos asistenciales a su disposición.

Fuente ABC

Nueve mujeres muertas y una cifra que deja respirar

Se llamaba Gabriela Toledo, tenía 31 años y era boliviana. En junio de 2008, su ex novio René Andia la apuñaló siete veces en la puerta de su casa de Las Rozas. Es una de las nueve mujeres que murieron el año pasado en la Comunidad por violencia de género. Gabriela es una trágica cifra del avance de la Memoria presentada ayer por la fiscalía. De las otras asesinadas por sus parejas, cuatro murieron en Madrid capital y el resto en Alcalá, Móstoles, Getafe y Norte. El informe también señala que en la capital murieron asesinadas otras cuatro mujeres por violencia doméstica (por familiares que no eran sus parejas).

El estudio indica que por primera vez desde que existe la Ley Integral de Violencia de Género, aprobada en diciembre de 2004, han bajado los casos denunciados por este tipo de delitos. Pasaron de 21.147 diligencias en 2007 a 19.982 en 2008, lo que representa un 5% de disminución. Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, asegura que aunque no conoce el informe de la Fiscalía de Madrid, la disminución le merece una valoración positiva. "Los resultados de la campaña de prevención se pueden estar viendo", aseguraba ayer.

Mientras en Madrid la fiscalía habla de una caída de las denuncias, el martes pasado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, informó sobre el aumento de delitos relacionados con la violencia machista en el ámbito nacional. "Cada vez denuncian más los vecinos de las víctimas, los familiares; están aflorando poco a poco este tipo de delitos al perderse el miedo", señaló Rubalcaba, que explicó que los delitos de este tipo pasaron de 60.000 en 2007 a 63.000 el año pasado.

El informe del fiscal de Madrid señala que 7.428 mujeres solicitaron medidas de protección cautelar de sus parejas o ex parejas; a un total de 2.681, el 36%, se les denegó.

En el caso de Gabriela, su ex pareja, René, tenía una orden de alejamiento. Meses antes de ser asesinada, le denunció. Un juzgado de Majadahonda condenó al hombre a siete meses de prisión por lesiones en el ámbito familiar. La condena se sustituyó por la expulsión del maltratador. Nunca se fue.

Fuente El País

Sólo un 4% de los maltratadores en la cárcel recibe tratamiento

Sólo un 4% de los maltratadores presos sigue un tratamiento voluntario de rehabilitación. En las cárceles españolas hay más de 7.000 hombres condenados por delitos relacionados con la violencia doméstica y sólo 300 de estos presos se han apuntado a estos cursos, según datos facilitados por Instituciones Penitenciarias.

Estos programas empezaron a impartirse en el año 2005 y en la actualidad son 56 los centros penitenciarios que imparten estos cursos, por los que ya han pasado 1.200 reclusos. Los hombres que han participado en este tipo de programas, pero en régimen abierto, son más de 11.000.

El delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, reconoció que "reeducar a este tipo de presos es difícil, porque hay que actuar cuanto antes. Hacerlo cuando ya están en la cárcel es tarde".

"Hay que diferenciar los cursos de reeducación que se hacen en centros penitenciarios de los que se hacen en régimen abierto a los condenados por primera vez a penas de menos de dos años. Son agresores en fase precoz de la violencia y eso significa que son más abordables desde el punto de vista de la recuperación", señaló Lorente.

Precisó que además los hombres que están en la cárcel por maltratar a las mujeres constituyen "un grupo muy heterogéneo", y agregó que "el hecho de estar en prisión suele producir en muchos de ellos una agresividad añadida. Son agresores que no reconocen su culpabilidad, suelen decir que atacaron a la mujer porque ella les provocó. Todas estas circunstancias hacen que sean difíciles de abordar".

Además, según Lorente, la violencia doméstica no sugiere rechazo en los ambientes carcelarios. "Son reclusos que se integran en la estructura carcelaria sin problemas, pero sí que podrían ser cuestionados si se apuntan a los cursos de reeducación", manifestó.

Asimismo, destacó que un aspecto muy positivo de estos programas de reeducación es el seguimiento profesional del agresor. "Mientras el maltratador realiza el curso, está controlado. El programa permite una valoración del riesgo de una manera profesional, directa y controlada", explicó. "Son periodos largos de tiempo en los que el profesional sabe perfectamente cómo está el agresor. Está controlado y ves cómo se va adaptando a su nueva situación carcelaria".

Las asociaciones de mujeres aseguran que este tipo de programas no sirven para nada. Tina Alarcón, presidenta de la Asociación de Mujeres Violadas y Maltratadas, que lleva más de 20 años trabajando con mujeres víctimas de la violencia machista, aseguró que "los resultados de los planes de reinserción de maltratadores son muy bajos para el esfuerzo que se hace. Hay que trabajar mucho la perspectiva de género, al agresor hay que cambiarle su percepción del mundo y eso es muy complicado".

"La mayoría de los presos que se apuntan a estos programas de rehabilitación no lo hacen porque quieren rehabilitarse, sino para conseguir beneficios penitenciarios, no porque estén realmente arrepentidos. Son muy pocos quienes hacen el tratamiento realmente convencidos", añadió Alarcón.

Otras asociaciones de mujeres consultadas cuestionan la preparación de los psicólogos que dan los cursos de reeducación a los maltratadores encarcelados. "La formación académica que se imparte en las facultades de Psicología no procura los conocimientos que son necesarios para intervenir adecuadamente en una materia tan complicada como la de la violencia de género", sostienen.

La psiquiatra francesa Marie France Hirigoyen, especialista mundial en maltrato psicológico, sostiene en su libro "El acoso moral" que los maltratadores son individuos perversos y que "la perversidad no proviene de un trastorno psiquiátrico, sino de una fría racionalidad que se combina con la incapacidad de considerar a los demás como seres humanos".

Fuente El Mundo

Una abogada lleva a Estrasburgo el agravamiento de penas a hombres

La abogada Florina García interpondrá una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por la discriminación que supone la agravación de las penas en razón del sexo en el Código Penal al violar el principio de igualdad entre hombres y mujeres y ser contraria al espíritu de la Constitución Española y la normativa internacional. Esta es la primera demanda que se presenta en España de estas características y se produce apenas dos semanas después de que el Tribunal Constitucional haya dado luz verde al artículo 174.1 del Código Penal, un apartado modificado por la Ley de Violencia de Género que considera delito las amenazas proferidas por un varón y sólo una falta las vertidas por una mujer.

La letrada plantea la situación discriminatoria que sufre su defendido, Juan Ramón de la Fuente, quien fue condenado por un delito de lesiones del artículo 147 en relación con el artículo 148.4 del Código Penal a una pena de tres años y seis meses de prisión por la denuncia interpuesta por su expareja, Julia B.F. Este último artículo agrava la pena a imponer en caso de lesiones de 2 a 5 años cuando la víctima fuere o hubiere sido "esposa o mujer" que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia.

VULNERACION Florina García disiente de esta interpretación, ya que entiende que es totalmente discriminatoria y perjudica a los hombres en función de su sexo. "La víctima tiene que ser mujer y el agresor hombre, en caso contrario, si el hombre es el agredido por la mujer --esposa o conviviente-- nunca surgiría esta agravación. Por ello queda lesionado el principio de igualdad discriminado por razón de sexo y sancionando con mayor gravedad al autor de un delito no por el hecho en sí cometido sino por el propio sexo del autor", explica la letrada.

La abogada asegura que esta agravación en razón al sexo del agresor es contraria no sólo a lo dispuesto en la Constitución española sino también a normas superiores como la Declaración Universal de Derechos Humanos; el convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

A pesar de ello y de la normativa europea, superior jerárquicamente a la nacional, el Tribunal Constitucional, en mayo de 2008, negó la inconstitucionalidad de esta agravante justificada en el hecho de la posición "subordinada" de la mujer hacia el hombre y en la especial relevancia que tienen en la realidad española las agresiones sobre las mujeres. Hace apenas 15 días, el alto tribunal aprobó el artículo 174.1 que agrava las penas a los hombres.

"Gravan con una desigualdad con el fin de luchar contra otra desigualdad existente", subraya. Florina García presentará la demanda ante Estrasburgo porque "estas violaciones ya nacen en la ley y se aplican en juzgados y tribunales", advierte.

Fuente La Voz de Asturias

El Constitucional avala castigar más al varón por amenazas leves

El Tribunal Constitucional ha avalado el artículo 174.1 del Código Penal, que establece que las "amenazas leves" serán consideradas como delito castigado con pena de prisión si las profiere un hombre, y como falta si lo hace una mujer dentro del ámbito de la pareja. La constitucionalidad de este precepto fue elevada a consulta en una decena de ocasiones por la juez de Murcia María Poza en julio de 2005. La magistrada cuestionaba la diferencia de pena aplicable en función del sexo del agresor al planteársele el caso de un marido que, al recibir la demanda de separación de su esposa, acudió al lugar de trabajo de ésta y en el curso de una discusión le espetó: "Te voy a matar".

El Código Penal establece para el hombre una pena de 6 meses a un año de cárcel o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días por un delito de amenazas leves. Pero esa infracción queda en una simple falta, sancionada con pena de localización permanente de 4 a 8 días que podría cumplir en su domicilio, o trabajos comunitarios de 5 a 10 días, si la comete una mujer. La juez cuestionó la constitucionalidad de este artículo modificado a la luz de la Ley de Violencia de Género. A su juicio, su aplicación vulneraba los principios constitucionales de proporcionalidad, igualdad, presunción de inocencia y dignidad de la persona, igual que lo hacían, otros casos de "amenazas leves" que decidió elevar al Constitucional.

Entre ellos, el de una pareja a punto de casarse que acabó con una amenaza de muerte en una discusión; el de un ex marido, que al ir a entregar a la hija común en el domicilio de ella le advirtió: "Como te vea con otro hombre, te mato. Tengo una catana y una pistola". También llegaron el proceso de un maltratador con orden de alejamiento, que en estado de embriaguez espetó a su ex pareja: "Puta, te voy a liquidar"; o el de otro que provocó algunos destrozos en el mobiliario y advirtió: "Voy por las malas. ¿Conoces el amonal?".

El Constitucional ha rechazado la inconstitucionalidad del artículo 174.1, en una sentencia que se remite en casi todos sus planteamientos a la del 14 de mayo de 2008, en la que este Tribunal respaldó por primera vez el diferente tratamiento punitivo para el varón en el ámbito de la violencia doméstica.

Como en aquella sentencia, el Constitucional insiste en que "el sexo de los sujetos activo y pasivo no constituye un factor exclusivo o determinante de los tratamientos diferenciados. La diferencia la establece el legislador en su voluntad de sancionar más unas agresiones que entiende son más graves y reprochables socialmente a partir del contexto en el que producen...".

El Tribunal explica que lo que tiene que evaluar es si la diferencia normativa es "desproporcionada" y reconoce que existe una notable diferencia punitiva entre las amenazas leves sin armas en los casos de violencia de género y las amenazas leves que puedan proferir la mujer en el seno de la pareja. Pero tal diferencia no convierte la norma en inconstitucional, ya que la diferencia se orienta "a la protección de la libertad y de la seguridad de las mujeres". Además, el 174.1 permite eludir la imposición de la pena de prisión, ya que ésta tiene como alternativa la de trabajos en beneficio de la comunidad.

El Tribunal estima que no existe vulneración de la dignidad de la persona porque no se trata de que el legislador presuma una especial vulnerabilidad de la mujer, sino que aprecia la gravedad de ciertos hechos como manifestación de una "grave y arraigada desigualdad".

El magistrado Jorge Rodríguez Zapata, formula un voto particular discrepante en el que sostiene que la sentencia, aunque formalmente lo niegue, atribuye al varón "un plus de culpa derivado de la situación discriminatoria creada por las generaciones de varones que le precedieron". Y añade que se suma a un derecho penal paternalista que promueve la concepción de la mujer como "sujeto vulnerable". Discrepan también del fallo los jueces Vicente Conde y Ramón Rodríguez Arribas.

Fuente El País

Las goteras de los juzgados del maltrato

Faltan oficinas de atención a las víctimas, equipos psicosociales, médicos forenses y fiscales exclusivos, unidades de valoración del riesgo, una mejor coordinación con los servicios sociales, puntos de encuentro familiar, dependencias reservadas para las víctimas y formación en violencia de género para los jueces y secretarios judiciales. Cuando se iban a cumplir tres años de la puesta en marcha de los juzgados de violencia sobre la mujer en España, el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzó a elaborar un informe que ha detectado graves carencias personales y materiales en los órganos judiciales encargados de proteger a las mujeres maltratadas. Un ejemplo: de los 405 juzgados que han colaborado en el informe, sólo 39 (apenas el 9,63%) tenía brazaletes o pulseras electrónicas en su partido judicial para proteger a las víctimas y detectar si el agresor rompe la orden de alejamiento y está cerca de la mujer.

En mayo de 2008 se remitieron encuestas a los 458 juzgados de violencia sobre la mujer existentes en España para conocer su situación. Un 88,4% de los jueces -de 405 juzgados- participaron en el estudio, en el que quedan claras las enormes diferencias que existen entre los juzgados exclusivos -83 en total cuando se hizo la encuesta- y los compatibles -la mayoría, 375-, que aparte de los asuntos de violencia sobre la mujer se ocupan de otros temas civiles y penales. Estos últimos, aparte de estar más saturados, carecen de los importantes recursos que poco a poco se han ido poniendo en marcha en los órganos exclusivos y especializados en violencia de género. Estos son los resultados que ha arrojado el informe, concluido el año pasado y que hace público ahora el Observatorio de violencia de género del CGPJ.

- Oficinas de atención a las víctimas. Sólo el 40% de los juzgados las tienen dentro de su partido judicial, pero hay una gran diferencia entre los juzgados exclusivos (el 89% tienen estas oficinas) y los compatibles (30%).

- Equipos psicosociales. Están formados por psicólogos y trabajadores sociales. Son los encargados de hacer informes que ayudan al juzgado a evaluar la situación dentro del ámbito familiar. Menos de dos terceras partes de los juzgados (el 63%) tienen equipos en la provincia y sólo el 21% dispone de ellos en el partido judicial. Una vez más, los juzgados compatibles salen mucho peor parados que los exclusivos: sólo tienen equipos psicosociales en el partido judicial el 11% de estos órganos frente al 68% de los exclusivos.

- Médico forense. Es una figura esencial para atender a víctima y agresor y emitir informes que ayuden al juez a tomar una decisión. Pues bien, sólo un 9,8% de los juzgados tienen forense en exclusiva y más de la mitad lo comparte con otros partidos judiciales. De nuevo, distancia entre juzgados exclusivos y compatibles: los primeros tienen un forense propio en un 33% de los casos, algo que sólo ocurre en el 4,5% de los segundos.

- Ministerio fiscal. Sólo hay un fiscal que se dedique en exclusiva al juzgado en el 21% de los órganos -en el 76% de los exclusivos y en el 9% de los compatibles-. Un tercio de los juzgados lo comparte con otros del mismo partido y más de la mitad, incluso con otros partidos judiciales.

- Unidades de Valoración Forense Integral. Son básicas en el proceso y para que el juez pueda decidir la mejor forma de proteger a una víctima. Las denuncias de las mujeres van aumentando y los recursos siguen siendo limitados, así que es muy importante que se valore el riesgo concreto que sufre cada una de ellas y que se logre detectar si su vida o integridad física están en peligro. A pesar de la importancia de estas unidades, sólo el 11% de los juzgados las tiene dentro de su partido y casi la mitad (el 47%) no dispone de ellas ni siquiera en la provincia. Además, no sólo hay problemas de cantidad, también de calidad de la asistencia (por problemas de falta de plantilla). Estas unidades deberían examinar a las víctimas, a los agresores y a los menores de edad, pero cuando trabajan para un juzgado compatible, los informes que emiten tardan más, son mucho menos completos y en un amplio porcentaje no se analiza a todos los miembros de la familia.

- Asistencia jurídica a la mujer. El 39% de los juzgados comparte el turno de asistencia letrada a las víctimas con otros partidos judiciales, lo que hace muy difícil que las mujeres reciban una atención rápida y efectiva.

- Coordinación con los servicios sociales y asistenciales. Menos de la mitad de los juzgados consultados dice tener una buena coordinación con estos servicios, esenciales para ayudar a la mujer maltratada. La relación con Policía y Guardia Civil, sin embargo, es aparentemente más fluida: el 80% de los jueces aseguran que hay una buena coordinación.

- Puntos de encuentro familiar. Sólo un tercio de los juzgados tiene este tipo de centros dentro del partido judicial, que se usan para ayudar a que se cumpla el régimen de visitas de los niños sin que la madre tenga que ver a su agresor.

- Dependencias para víctimas. La existencia de estas dependencias está prevista en la Ley de Violencia de Género, para proteger a la mujer y que no tenga que encontrarse con su agresor en el juzgado. A pesar de la previsión legal, dos tercios de los órganos judiciales no las tienen.

- Instalaciones para videoconferencias. Son importantes como medida de seguridad hacia las víctimas; para que puedan declarar fuera del juzgado. El 42% de los juzgados no las tienen.

- Plantilla. Casi tres cuartas partes de los juzgados, sobre todo los compatibles, consideran la plantilla con la que cuentan inadecuada.

- Formación. Más de la mitad de los jueces no ha recibido ninguna formación en materia de violencia de género.

- Juzgados compatibles. Si sólo se tuvieran en cuenta los resultados de estos órganos, que son los mayoritarios, el 82% del total, los resultados de esta encuesta serían aún más demoledores: sólo el 30% tiene oficinas de atención a la víctima dentro del partido judicial; apenas el 21% tiene equipos psicosociales; sólo el 4,5% dispone de un médico forense exclusivo y el 62% lo comparte incluso con juzgados de otros partidos; el 65% también comparte al fiscal con otros partidos judiciales; sólo el 4,8% tiene unidades de valoración del riesgo dentro del partido judicial; apenas 17 de 375 tienen brazaletes o pulseras electrónicas.

Fuente El País

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Vía Mangas Verdes
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Un juez de familia de Sevilla ve 'injusta' y 'perversa' la Ley de Violencia de Género

El juez de Familia 7 de Sevilla, Francisco Serrano, ha dicho que ve injusta la Ley Integral contra la Violencia de Género y ha advertido de su posible "efecto perverso", al proteger "situaciones de abuso" y no a las mujeres que realmente sufren maltrato.

En una entrevista con la agencia Efe, Serrano ha dicho que la ley "ha traído cosas buenas, como el hecho de que la sociedad ya no tolera situaciones de violencia machista, pero también se están produciendo abusos porque no ha hecho una buena definición del maltrato".

Entre los aspectos injustos, ha dicho que la ley "estigmatiza" al hombre acusado de maltrato, pues incluso después de demostrar que se trataba de una denuncia falsa, su proceso de divorcio seguirá en el Juzgado de Violencia de Género y no en el de Familia.

Cuando la mujer denuncia un caso de maltrato, inmediatamente recibe el apoyo de cuatro o cinco instituciones entre el abogado de oficio, el fiscal y las asociaciones contra la violencia, mientras que el hombre solo tiene a su abogado y, si luego pretende acusar por denuncia falsa, se encuentra ante la dificultad de "demostrar un hecho en negativo, es decir, que ella no se equivocó al denunciar", sostiene Serrano.

El juez compara la situación con la base de detención de Guantánamo: "Cuando a un hombre se le denuncia, a la cárcel y la llave tirada". Francisco Serrano lamenta que, de forma paralela a la Ley de Violencia, no se hayan modificado las condenas para las denuncias falsas en la misma proporción, llegando incluso a la retirada de la custodia para el cónyuge que denuncie en falso.

Afirma que estas "desigualdades y situaciones injustas llevan a más violencia donde antes no la había e incluso a hombres que se suicidan", aunque ha lamentado que esos datos "no aparecen en la foto oficial".

El juez de Familia presentará la próxima semana en Sevilla su libro 'Un divorcio sin traumas', en el que aboga por la mediación y la conciliación, aunque a su juicio esas líneas no se fomentan en España porque atacan la "línea de flotación" de "las asociaciones que viven de las subvenciones para el maltrato".

En su libro intenta reflejar "la situación real que se está generando, que no obedece a la realidad que tenemos que combatir. Se está transmitiendo una parte de la imagen, maquillando las cosas".

Sostiene que, paralelo al machismo, ha surgido un "hembrismo" que considera a la mujer como un ser inferior necesitado de protección especial, una situación que le recuerda a la ideología de la Sección Femenina de la Falange, que también practicaba la discriminación positiva aunque desde un "machismo casposo y cavernícola".

Según el juez, se debe distinguir entre el verdadero maltrato y la "conflictividad propia de cualquier ruptura" para no llegar a "la hipocresía de que, en vez de proteger debidamente a las víctimas, estemos protegiendo situaciones de abuso".

En su opinión, de los casos denunciados en el Juzgado de Violencia de Género, sólo el 14% responde a violencia habitual y el 86% restante "son situaciones de ruptura de pareja en las que se dicen de todo menos guapo".

Fuente El Mundo

3.768 llamadas en el teléfono para víctimas de maltrato en Aragón

El teléfono 24 horas del Instituto Aragonés de la Mujer para víctimas del maltrato atendió 3.768 llamadas en el 2008. En el número 900 504 405, las trabajadoras sociales atienden cualquier demanda relacionada con la violencia y la asistencia, e informan sobre los recursos disponibles. Durante el pasado ejercicio se derivaron al servicio jurídico de guardia 1.400 llamadas y a los servicios sociales, 448. También se puso en contacto a las usuarias con las sedes del Instituto Aragonés de la Mujer (662 llamadas) y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (106 llamadas).

En cuanto al motivo de las llamadas, durante el año 2008, 1.459 personas llamaron por casos de maltrato físico, 484 lo hicieron por maltrato psicológico y 31 por agresión sexual. Para recibir información general llamaron 927 personas y 429 fueron derivadas a las instituciones competentes. Los meses del año en los que más se utilizó este servicio fueron agosto, con 433 llamadas recibidas; julio, con 371; y abril, con 345 consultas.

Fuente El Periódico de Aragón

Igualdad da prioridad a la atención de menores y extranjeras maltratadas

El Ministerio de Igualdad ha ofrecido a las comunidades autónomas cofinanciar los programas de reeducación de maltratadores, así como cinco millones de euros para sufragar programas de atención a víctimas de violencia doméstica, con atención prioritaria a menores e inmigrantes.

En un receso de la Conferencia Sectorial de la Mujer que se celebra en el ministerio de Igualdad, su titular, Bibiana Aído, ha explicado que también ha propuesto a las CCAA implantar un sistema de GPS para controlar a los agresores, que podría comenzar estar operativo en abril próximo.

El fondo de cinco millones para la asistencia social integral de las víctimas de violencia de género ha sido aprobado en la reunión por ocho votos a favor, nueve abstenciones y dos en contra.

El dinero se repartirá entre las regiones en función de criterios demográficos, atendiendo al número de inmigrantes y menores, y habrá un mínimo de 200.000 euros para todas ellas, ha añadido.

El ministerio justifica la atención prioritaria a las extranjeras porque es uno de los colectivos más vulnerables a esta violencia: en los tres años de vigencia de la ley contra la violencia de género el porcentaje de inmigrantes muertas a manos de sus parejas o ex parejas ha pasado de un 23% en 2004 a un 44,3% en 2007, ha explicado Aído.

En cuanto a los programas de reeducación de los agresores, Aído ha admitido que hay demasiada dispersión entre comunidades autónomas, por lo que el ministerio creará un grupo de expertos para establecer criterios homologados y de calidad. En este sentido, también se ofrecerá a las comunidades la posibilidad de firmar convenios y cofinanciar estos programas de reeducación.

Por otro lado, ha anunciado que su departamento ya ha iniciado los trámites de contratación de los dispositivos de control de las medidas de alejamiento, que serán destinados a aquellas mujeres que sufren un riesgo extremo.

Actualmente, Igualdad trabaja con los ministerios de Justicia e Interior para la implantación territorial de estos elementos de vigilancia, que se pondrán a disposición de los jueces.

Para su adquisición por parte de las comunidades autónomas, el Gobierno les ofrece cinco millones de euros. Las autonomías del PP han considerado escaso el fondo de cinco millones de euros para la asistencia social a las víctimas, y han discrepado de los criterios de su reparto, según han declarado a la prensa los representantes de Madrid, Valencia y Murcia.

Por contra, las autonomías gobernadas por el PSOE, como Andalucía y Extremadura, han dado la bienvenida a esta nueva aportación estatal, que se sumará a las partidas presupuestarias contempladas por las propias administraciones autonómicas para luchar contra la violencia machista.

La persistencia del crimen machista cuestiona la aplicación de la ley

Aumentan las denuncias pero el número de mujeres víctimas de la violencia machista no logra descender. En los nueve primeros meses 2008 se presentaron 108.261. Un 15,9% más que en el mismo periodo del año anterior. En 2008 se interpusieron alrededor de 400 denuncias al día por violencia de género, según el balance anual presentado ayer por el Ministerio de Igualdad. A pesar de esa alta cifra, el año pasado 70 mujeres murieron a manos de sus parejas o ex parejas, según Igualdad -que añade siete casos aún en investigación-. Sólo una víctima menos que en 2007.

Desde que en diciembre de 2004 entró en vigor la ley de violencia de género, la cifra de víctimas mortales de esta lacra no ha descendido de 57. Número que se alcanzó en 2005, cuando se pusieron en marcha los juzgados especiales de violencia doméstica, y año de la resaca de la aprobación de la ley. Ahora, cuando se cumplen cuatro años de su entrada en vigor, las mujeres siguen muriendo. Muchas a manos de un maltratador que ya tenía antecedentes por agredir a sus parejas. En un 28,1% de los casos de homicidio registrados en 2008, el agresor tenía antecedentes relacionados con violencia de género sobre la víctima u otra mujer, según el delegado del Gobierno para la violencia de género, Miguel Lorente.

¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Por qué un maltratador denunciado y a veces condenado reincide? El catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco y experto en violencia de género Enrique Echeburúa aprecia algunas "lagunas" en la ley integral. "Falta desarrollar más el aspecto del tratamiento a los maltratadores", dice. "Una vez que están rotas las inhibiciones, la posibilidad de que se vuelva a ejecutar la conducta violenta es muy alta. Hay que atajar esto con programas especiales", sostiene. Un punto de vista que la Asociación de Mujeres Juristas Themis y la de Mujeres Progresistas comparten. Las dos organizaciones solicitaron ayer una revisión de los programas de rehabilitación. Lorente reconoce que esa recuperación es "difícil". Echeburúa menciona otro ingrediente que echa en falta: más prevención. "Hay que potenciar el papel de la familia y de la educación", afirma.

Sin embargo, el 75,6% de las denuncias por malos tratos fueron presentadas por la víctima. Sólo el 1,4% fueron interpuestas por el entorno familiar. Una cifra que sigue siendo muy baja a pesar de que ha crecido. El balance de 2008 muestra un incremento de los casos en los que la víctima era extranjera (un 44,3% de las asesinadas). También aumenta el porcentaje de agresores extranjeros. Los datos de Igualdad sostienen que un día después de un homicidio por violencia machista se produce un 22,8% de acumulación de otros casos. En una especie de "efecto imitación", según Lorente. "La violencia no genera violencia en los no violentos, pero en aquellos que ya la usan puede actuar como un precipitante", explicó el delegado del Gobierno.

Fuente El País

El 31% de los agresores que mataron a sus mujeres tenía antecedentes

La violencia de género es un problema social y buena prueba de ello es que, pese a que la mujer es la que sigue dando un paso al frente (75%) en las situaciones de malos tratos, las denuncias presentadas por familiares de maltratadas han aumentado un 116% entre enero y septiembre de 2008 con respecto al mismo periodo de 2007.

Según datos presentados hoy por el delegado del Gobierno para la violencia de género, Miguel Lorente, en un 31% de los casos de homicidio, el agresor había sido denunciado, la mayoría de las veces por malos tratos (21,4%) sobre la propia víctima, mientras que el 7,1% los tenía por violencia machista contra una mujer distinta de la asesinada.

Con una lista negra de 70 mujeres muertas en 2008 a manos de sus parejas o ex parejas, ha descendido, por tercer año consecutivo, el número de fallecidas con denuncia previa, solicitud de orden de protección y orden de protección en vigor, según datos del Ministerio de Igualdad. "Las denuncias están sirviendo para evitar homicidios", ha dicho Lorente. Dieciseis de las 70 asesinadas el año pasado habían interpuesto denuncia previa.

Así, el porcentaje de estas mujeres que había denunciado su situación y fueron asesinadas ha pasado del 33,8% en 2006 al 22,9% de 2008. El caso de las que habían solicitado orden de protección ha bajado del 32,4% al 20%. Las que perdieron la vida con orden de protección en vigor ha descendido del 23,5% al 14,3%.

En los nueve primeros meses de 2008 se presentaron 108.261 denuncias, casi un 16% más que el mismo periodo del año anterior. De media, 400 mujeres decidieron al día decir basta a una situación de abusos y denunciar su calvario.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género en 2004, los asesinatos de mujeres han descendido, aunque no ha logrado frenar la trágica estadística. Entre 2003 y 2008, se ha pasado de 71,5 homicidios de media a 66,5. Por comunidades, Madrid es la que más muertes ha registrado por violencia machista (11), seguida de Cataluña (10) y Andalucía (9). En Cantabria, Extremadura, Ceuta y Melilla no se produjo ninguna muerte por malos tratos.

En los datos de Igualdad se refleja también el aumento de víctimas inmigrantes, en su mayoría con una situación regular en España (más del 80%). También se incrementa notablemente el número de agresores extranjeros: del 20,8% que representaban en 2004 al 38,6% actual.

Las armas blancas (53%), los traumatismos (15,9%), las armas de fuego y el estrangulamiento (11,6%) son las armas y procedimientos más habituales en los asesinatos.

Fuente El Mundo

Una orden regulará los puntos de encuentro en Aragón

Una orden del Gobierno de Aragón regulará los Puntos de Encuentro Familiares de la Comunidad, unos espacios públicos gratuitos que facilitan el cumplimiento del régimen de visitas acordado por los tribunales y otras entidades públicas competentes en protección de menores. En estos centros los padres separados o divorciados pueden entregar y recoger a los hijos y organizar visitas supervisadas por personal especializado, para preservar el derecho del menor a relacionarse con ambos.

Actualmente, estos espacios carecen de normativa, pero la orden del Ejecutivo aragonés, que parte de un documento base del Ministerio de Servicios Sociales y Familia publicado el mes pasado, permitirá regular los profesionales que pueden trabajar en ellos así como sus parámetros de calidad, y también detectar municipios en los que la elevada demanda puede hacer necesaria su intervención. Así lo explicó la directora general de Familia, Rosa Pons, durante la firma del convenio por el que el Departamento de Servicios Sociales y Familia aporta 351.000 euros a la Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón (Apefa) para garantizar la continuidad del servicio durante 2009.

Apefa ofrece desde hace siete años servicios de ayuda psicológica y asistencia jurídica y social y, en el 2008, atendió a 600 familias en la comunidad, un 60% más que el año anterior, al aumentar los juzgados de familia y de violencia sobre la mujer, indicó su presidente, Antonio Peñalver.

Actualmente, en la comunidad aragonesa hay siete Puntos de Encuentro Familiares y tres organizaciones que trabajan en favor de los menores de familias desestructuradas en varias ciudades y municipios.

Fuente El Periódico de Aragón

El Justicia de Aragón urge a que las mujeres agredidas rompan su silencio y denuncien

Conseguir que el 88% de las mujeres víctimas de violencia machista aún ocultas rompan su silencio y denuncien a sus agresores debe ser una de las prioridades de las autoridades, según se recoge en un estudio presentado por el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.

El informe, titulado 'Modelos de actuación en violencia de género', ha sido elaborado por un equipo de trabajo encabezado por el director del Instituto de Medicina Legal de Aragón, Juan Antonio Cobo, e incluye un amplio trabajo de campo realizado en las prisiones de Zuera y Daroca, en el centro de inserción social 'Las trece rosas' y el Juzgado de Guardia de Zaragoza.

El informe indica que sólo un 12 por ciento de las víctimas de violencia machista son accesibles a la respuesta social y de la Administración de la Justicia, por lo que es necesario "promover actuaciones específicas" para ampliar ese porcentaje y llegar al resto de mujeres maltratadas.

'En silencio por costumbre'

El doctor Cobo, en una conferencia de prensa, ha explicado que cuatro de cada cinco mujeres muertas a manos de su pareja y ocho de cada nueve agredidas "estaban en silencio" por costumbre, cariño, miedo o vergüenza, y en más de la mitad de los casos esta situación se escondía incluso a la familia.

Según las conclusiones del informe, las mujeres que adoptan esta "estrategia" viven en una realidad inventada que se basa en recuerdos del pasado y en expectativas de futuro, es decir, que esperan un cambio de actitud de su agresor.

Para estos casos, se propone una respuesta que tenga en cuenta la realidad de esa víctima, como la denuncia puente, la denuncia innominada o el manual de protección, este último "de referencia" y que pretende ayudar a la mujer a "diagnosticar ese cáncer en el que vive" y que así sea capaz de valorar su propia realidad.

Denuncia puente

La denuncia puente mantendría el mismo procedimiento penal de respuesta, pero da una opción a la víctima para controlar los efectos de su denuncia, como por ejemplo elegir entre una detención de su agresor o una requisitoria o que las decisiones penales y civiles pudieran ser aplicadas inmediatamente o pudiera ser decidida una aplicación retardada.

Este caso implica que se respeta la decisión de la mujer de no querer romper con todo, aunque a su juicio habría que tener muy en cuenta la valoración del riesgo de la víctima y la capacidad de ésta para tomar decisiones, porque en ocasiones están "incapacitadas".

Denuncia innominada

Cobo también ha resaltado la importancia de la denuncia innominada, indicada especialmente en los casos de agresión sexual, sobre todo de pareja, y que aseguraría el anonimato de la víctima hasta que se contara con pruebas válidas y suficientes para la demostración del hecho.

Se evita así que el agresor "salga más fuerte" de un proceso en el que no ha sido declarado culpable por falta de pruebas y se protege a la víctima, ya que de ser así no volvería a denunciar nunca.

Estas medidas no exigen un cambio de legislación, ya que todas ellas están incluidas en el código penal, sino que "son pequeños retoques de procedimiento" que dejan más libertad a la mujer y pueden animar a esas víctimas ocultas a decidir salir de su situación.

Otras de las cuestiones tratadas en el estudio ha sido la respuesta frente al agresor, ya que se ha detectado una respuesta "casi exclusiva" de punición y alejamiento, cuando según los expertos es adecuado, en algunos casos, la reeducación y los tratamientos, porque "el castigo" no evita un desarrollo obsesivo, un deterioro cognoscitivo o una celotipia alcohólica.

Así, se recomienda la introducción obligatoria de una asesoría técnica y especializada en todos los procedimientos por violencia de género que decida las medidas aconsejables dependiendo de las causas de las agresiones.

La aplicación de un modelo global en los casos de agresiones machistas, que además se adapte a las diferencias de cada uno de los casos para que sea más eficaz; la diferenciación de objetivos y métodos teniendo en cuenta los factores de riesgo; y en definitiva trabajar en los caminos que llevan a la agresión y a la muerte son otras de las conclusiones del estudio.

El Justicia de Aragón ha lamentado que aunque se han puesto muchas medidas en marcha para luchar contra esta lacra social "las muertes no han disminuido", por lo que ha insistido en que hay que prestar mucha atención a esta cuestión, sobre todo en la actual situación de crisis económica.

Fuente Heraldo de Aragón

La falta de plazas de trabajo social deja impunes a los maltratadores

Los trabajos en beneficio de la comunidad, que se imponen como condena por delitos leves, no pueden cumplirse en su totalidad porque no hay plazas suficientes para ello, como están denunciando jueces y abogados. El año pasado, a 30 de noviembre, habían llegado a Instituciones Penitenciarias cerca de 35.400 condenas de esta clase contando sólo los delitos de seguridad vial y los de violencia de género, y sólo hay 12.000 plazas para todos los casos. Es cierto que estas plazas pueden ser ocupadas por más de un condenado, incluso simultáneamente, por turnos, pero eso no impide que en buena medida no se estén cumpliendo estas penas.

El año pasado había 12.000 empleos y más de 35.000 condenados

Sirven de ejemplo los casos de violencia de género. El año pasado (con datos hasta noviembre) Instituciones Penitenciarias había recibido 9.086 penas por este delito de las que, hasta esa fecha, se habían cumplido 3.000. Otras 3.000, dicen, se estaban ejecutando entonces y se gestionaban unas 1.100 más. Restaba un 30% que quedaba, como estas últimas, a la espera.

Y por violencia de género se dicta una ínfima parte de estas condenas. El grueso se lo llevan los delitos de seguridad vial, que sumaron 26.300 el año pasado. En Cataluña, con las competencias penitenciarias transferidas, y con un éxito mayor que en el resto de España para poner en marcha estas condenas, a decir de los expertos, reconocen que sólo se cumplen la mitad de ellas, por esa falta de plazas.

El Código Penal introdujo en 1995 las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y en su reforma de 2003 se pedía potenciar y mejorar la eficacia de este sistema. Está pensado para delitos menores que se cometen por primera vez y en ausencia de antecedentes penales. Suelen ser penas aleccionadoras encaminadas a modificar la conducta del enjuiciado. Si se trata de velocidad al conducir, se les adjudican trabajos en un centro de tetrapléjicos; si de pintadas en la pared, pueden acabar limpiando con las patrullas municipales; si es un delito de tenencia de drogas, en un centro de desintoxicación, por poner unos ejemplos. Pero en la práctica esto no se cumple. Es imposible por ahora, reconocen en Instituciones Penitenciarias.

Los condenados han de desempeñar uno de estos trabajos entre 30 y 80 días. Y hay para ello y plazo de un año. Si en un año no se ha proporcionado una plaza, el condenado se irá de rositas. Se procura compatibilizar estas tareas con el empleo del infractor, buscando los días, las tardes, los fines de semana más adecuados. De ello se encargan los servicios sociales de Instituciones Penitenciarias, a veces, con demasiada benevolencia, teniendo en cuenta que estas penas no son voluntarias, hay que cumplirlas. Se han dado casos de tener plazas y no ocuparlas porque no le viene bien al penado llegar hasta un pueblo determinado o en un horario concreto. En 2005, Instituciones Penitenciarias firmó un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para ir incorporando ayuntamientos con el fin de procurarse plazas donde ejecutar estas condenas. En la actualidad, la FEMP ha proporcionado casi 4.300 plazas gracias a este convenio con 603 ciudades de todas las comunidades, menos Cataluña.

Pero entre los juristas que se dedican a los casos de violencia de género, como ocurre en la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, hay una especial preocupación por "la impunidad" en que quedan muchos de estos casos. "Algunos, además se niegan a hacer algo y el patrón no ve la forma de obligarles", afirman.

Los hombres que son enjuiciados por maltrato leve a su pareja y se avienen a la pena solicitada por el fiscal pueden acabar condenados a hacer trabajos en beneficio de la comunidad. Estas condenas están pensadas para los delitos leves y sin reincidencia. Los maltratadores que no se manifiestan conformes con la pena van a juicio y si la condena es de sólo unos meses, como el habitual, puede suspenderse por un programa de rehabilitación, algo que tampoco existe en la mayoría de las comunidades, donde apenas hay cursos sin homologar y sin las características suficientes para cumplir con lo previsto.

En Cataluña aseguran que estas penas sólo se cumplen en un 50%. José Antonio Rodríguez, magistrado del penal 21 de Ejecutorias de Barcelona, explica: "En 2008 se cumplieron unas 1.500 del total de los delitos, y el resto, quedó a la espera". Rodríguez asegura que no hay plazas para todos en instituciones de carácter social, como la Cruz Roja, "ni en un centro de tetrapléjicos", por poner un ejemplo.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género de los jueces (CGPJ), Inmaculada Montalbán, reconoce que siempre ha habido problemas para aplicar estas penas en beneficio de la comunidad, aunque en algunos sitios, como en Cataluña, dice, la experiencia fue más exitosa. Conoce los problemas de plazas que suelen darse, pero insiste en que es una pena "idónea para estos hechos delictivos primarios y sin antecedentes". "Creo que debería hacerse un esfuerzo", dice. "Si no se pueden cumplir se queda la sensación de impunidad y eso no es bueno", añade Montalbán.

Fuente El País

Consejo de Ministros. ACUERDO por el que se aprueba el Plan Integral de Atención y Prevención de la Violencia de Género en población inmigrante

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Atención y Prevención de la Violencia de Género en población extranjera inmigrante con una vigencia para el periodo 2009-2012. El Plan contempla información, formación, sensibilización y medidas estructurales para lograr una atención adaptada a las circunstancias específicas de las mujeres extranjeras inmigrantes víctimas de violencia de género.

Neira presidirá el Observatorio contra la Violencia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tuvo ayer de nuevo un gesto hacia Neira. El 23 de octubre le concedió la Medalla de Oro al Mérito Ciudadano y ayer le nombró presidente del Consejo Asesor del Observatorio contra la Violencia de Género. El profesor, que sufrió una brutal agresión el 2 de agosto por defender a una mujer que estaba siendo maltratada, será la cabeza visible del órgano. El Observatorio contra la Violencia de Género es desde 2004 el responsable de hacer un seguimiento permanente de todas las acciones que se realizan en el ámbito de la violencia machista en la región.

Aguirre acudió el miércoles al hospital de Puerta de Hierro- Majadahonda, donde permanece ingresado desde agosto. "Le ofrecí encargarse de la presidencia, que ocupaba [la abogada y ex ministra Cristina] Alberdi hasta que fue nombrada vocal del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, y él aceptó", explicó. Aguirre está convencida de que Neira tiene "propuestas útiles" y recordó que es premio de Derechos Humanos 2008.

La familia acogió la noticia con "sorpresa", según el portavoz Javier Castro. "Jesús se ilusionó" con la propuesta de Aguirre, añadió. La mujer del profesor, Isabel Cepeda, dijo a Efe que estaban "muy agradecidos y contentos".

Pero a pesar de los agasajos continuos de Aguirre, la familia no piensa retirar el litigio que mantiene con el Gobierno regional por negligencia médica. Desde que sufrió la agresión, Neira visitó cuatro centros hospitalarios hasta que al final ingresó en el Puerta de Hierro. En ninguno de ellos le detectaron el derrame cerebral que le ha tenido en coma dos meses. Cuatro médicos están imputados por presunta negligencia médica. La Comunidad de Madrid quiso personarse en el caso, pero la familia de Neira se negó. Una negativa que acabó incluso subida de tono cuando el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, acusó a Castro de tener una actitud "impresentable". El portavoz de la familia, a su vez, acusó al Gobierno regional de "entorpecer de una manera torticera" el juicio.

El gesto que tuvo Neira el pasado 2 de agosto al mediar en una pelea entre Antonio Puertas y su pareja le ha convertido en el símbolo de la lucha contra la violencia de género. Se ha pasado dos meses en coma a causa supuestamente de los golpes. Durante mucho tiempo se temió por su vida, pero el 9 de octubre salió del coma. Unos días después empezó a reconocer a su familia y a principios de noviembre comenzó a hablar.

Neira ya puede escribir, dictar sus trabajos académicos y leer. Razona perfectamente y está pendiente de los medios de comunicación, según contó Castro. La principal preocupación de los médicos es que recupere completamente los pulmones. "Temen que se complique", explicó Castro.

Fuente El País

Los jueces piden más medidas educativas y preventivas contra la violencia doméstica

Las asociaciones de jueces han coincidido en señalar que penas más duras para los agresores no resuelven el problema de la violencia de género, sino que son necesarias más medidas educativas y preventivas para reducir el número de mujeres fallecidas a manos de sus parejas o ex parejas.

El Ministerio de Igualdad contabilizó 70 mujeres muertas en estas circunstancias el año pasado, aunque otros siete casos continúan pendientes de investigación. Según otros cálculos, 2008 acabó con un total de 72 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, dos más que en 2007.

En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, lamentó que en 2008 se incrementaran "de una manera alarmante este tipo de conductas delictivas, tan censurables, abominables, inaceptables y criticadas en una sociedad moderna, plenamente democrática, plural y respetuosa con el principio de dignidad humana y que cree en la igualdad de sexos".

Para evitar nuevos balances "trágicos" como el de 2008, García insistió en "el aspecto pedagógico: hay que educar a la gente en valores de respeto y tolerancia, y comprometerla desde las edades más tempranas de la vida".

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, declaró a Servimedia que "sólo con la respuesta penal no estamos logrando éxitos importantes" en materia de violencia de género.

Gimeno pidió "respuestas en ámbitos de educación y prevención y, sobre todo, que estas conductas se rechacen socialmente, que no haya ningún tipo de complicidad. Nadie tiene que ser cómplice, salvo del apoyo a las personas que sufren".

Por último, María Jesús Alarcón, miembro del Comité Nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, dijo a esta agencia que "el problema de la violencia de género no se resuelve con un endurecimiento de las penas, sino que es más profundo, un problema de educación y de formación".

"La ley integral contra la violencia de género nació con unas expectavias maravillosas, pero con un excesivo énfasis en el ámbito penal y no en otros aspectos fundamentales, como la educación, la formación y la publicidad. El Derecho Penal es represivo y tenemos que buscar medidas preventivas", agregó.

Para la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, la cifra de 72 mujeres muertas en 2008 es "insoportable". En declaraciones a Servimedia, Gonzalo pidió que el Gobierno, los jueces, los parlamentarios y la sociedad en general consideren la violencia de género un problema de Estado y dediquen "cuantos medios sean necesarios para erradicar esta lacra". La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, calificó de "pésimo" el año 2008 en materia de violencia de género y denunció la "aplicación judicial perversa" que, a su juicio, se realiza de la ley integral contra la violencia de género.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, manifestó que 2008 ha sido un año negativo en materia de malos tratos, no sólo por el número de víctimas, sino porque, según el último informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, menos del 3% de los españoles consideran los malos tratos a mujeres como un problema grave.

Mercedes de la Merced, presidenta de la Confederación Nacional de Federaciones de Mujeres en Igualdad, considera que la asistencia letrada a las mujeres que denuncian malos tratos debería ser obligatoria por ley, por lo que la ley integral contra la violencia de género debería ser modificada en este sentido, según manifestó a Servimedia.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en su última sesión plenaria de 2008 pedir al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas la implantación inmediata de un sistema de alertas en los ordenadores de los órganos judiciales con competencia en la instrucción y enjuiciamiento de delitos vinculados con la violencia de género.

Fuente El Mundo